Un grupo inversor cuestionó públicamente la conducción de la familia Lowenstein al frente del Frigorífico General Pico a través de un comunicado difundido en las últimas horas, en el que además expresó su intención de sostener la actividad de la planta y preservar las fuentes de trabajo en medio del proceso concursal que atraviesa la empresa.
El documento fue emitido por LTF Argentina, que se presentó como un actor que «busca sostener la planta» para garantizar la continuidad productiva y laboral. En ese marco, sostuvo que «en medio de la crisis que atraviesa el Frigorífico General Pico, comienza a consolidarse un dato clave: mientras la empresa quedó al borde del colapso bajo la conducción de la familia Lowenstein, inversores y accionistas que sostuvieron financieramente la operación impulsan ahora su continuidad para preservar más de 400 puestos de trabajo».
La firma indicó que la compañía, actualmente en concurso preventivo, atraviesa «una situación crítica que combina deuda millonaria, caída de la actividad y un fuerte conflicto interno», y remarcó que quienes aportaron financiamiento en los últimos años buscan mantener la planta operativa «en un contexto económico nacional complejo, donde cada fuente de empleo resulta estratégica».
Según el comunicado, dado a conocer por el portal Maracó Digital, el grupo inversor asiste financieramente al frigorífico desde 2022 y en 2024 amplió su apoyo e incluso capitalizó su crédito «ante pedidos del propio directorio encabezado por la familia Lowenstein, para evitar la paralización de la planta». Afirmó que «ese respaldo permitió que el frigorífico operara a plena capacidad durante meses, aun cuando el contexto del sector ya mostraba señales de deterioro».
En el documento se cuestiona a los actuales dueños, la familia Lowenstein. Señaló que la decisión de presentar a la compañía en concurso preventivo fue adoptada por el directorio «sin informar previamente a todos los accionistas, incluyendo a quienes poseen una participación significativa y venían sosteniendo financieramente la operación».
Además, denunció que «durante meses no se habrían presentado balances ni reportes contables actualizados», y que los pedidos formales de información habrían sido respondidos «de manera parcial o directamente ignorados». «En otras palabras, mientras la situación financiera se deterioraba, el flujo de información hacia los socios estaba restringido», agregó.
La tensión interna, siempre de acuerdo al comunicado, se evidenció en la asamblea realizada el 24 de abril, donde se ratificó la presentación en concurso. Allí, el directorio «impulsado por la familia Lowenstein» habría decidido «excluir del voto a los accionistas que cuestionaban la gestión, bajo el argumento de un supuesto conflicto de interés», por lo que «la ratificación del concurso se realizó únicamente con los votos del propio bloque controlador».
Pese a ese escenario, los inversores señalaron que decidieron acompañar el proceso concursal «para evitar un daño mayor», y aclararon que esa postura apunta «a preservar la empresa y no a convalidar la gestión que llevó a la crisis».
También indicaron que, mientras la conducción atribuye la situación a factores macroeconómicos —como suba de costos, dificultades de financiamiento y caída de precios internacionales—, dentro de la estructura societaria «crecen las dudas sobre cómo se administró la empresa en los últimos meses», con «falta de información, decisiones unilaterales y pérdida de confianza» como ejes del conflicto.
En paralelo, el grupo inversor sostuvo que existen interesados en hacerse cargo de la operación, aunque condicionan su participación «a un cambio en la conducción».
Finalmente, remarcó que la continuidad de la planta es considerada estratégica por su impacto en el empleo directo y en la cadena de valor, y subrayó que la resolución del conflicto «definirá no solo el futuro societario del frigorífico, sino también la posibilidad concreta de preservar empleo y reactivar una actividad clave en la región».
