La medida de fuerza alcanza a todos los niveles educativos, incluido el universitario, ya que la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) también resolvió adherir.
La protesta fue convocada para reclamar la reapertura de la paritaria nacional docente, una recomposición salarial urgente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el Gobierno nacional.
En la Pampa, además del cese de actividades, UTELPa convocó a una concentración en la plaza San Martín de Santa Rosa, aunque su realización quedó supeditada a las condiciones climáticas.
Nación anunció controles
En la previa de la huelga, el Ministerio de Capital Humano informó que realizará inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial y establece que debe garantizarse una prestación mínima del 75%.
Desde la cartera nacional advirtieron que, en caso de detectarse incumplimientos, podrían aplicarse sanciones a las organizaciones sindicales.
Sin embargo, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) respondieron que la huelga constituye un derecho constitucional y recordaron que existe una medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 que suspendió provisoriamente la aplicación de la esencialidad mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Respuesta de UTELPa
La secretaria general electa de UTELPa, Claudia Calderón, cuestionó con dureza el anuncio del Gobierno nacional y aseguró que las inspecciones representan una medida de presión sobre los trabajadores. «El anuncio del Ministerio de Capital Humano de realizar inspecciones muestrales y aplicar sanciones bajo la invocación de la Ley de Esencialidad es un acto de persecución, amedrentamiento y clara provocación hacia los trabajadores de la educación», afirmó.
La dirigente sostuvo que el conflicto tiene su origen en la política educativa del Gobierno nacional y acusó a la administración de Javier Milei de haber profundizado el ajuste sobre el sistema educativo.
«Este Gobierno ha sumido a la educación pública en la desinversión más atroz de los últimos 30 años: no construyó una sola escuela, subejecuta partidas presupuestarias, eliminó el Fonid y se niega sistemáticamente a convocar a la Paritaria Nacional Docente. Ahora, en lugar de resolver la crisis salarial de docentes que no llegan a fin de mes ni pueden pagar el alquiler, decide amenazar y perseguir sindicalmente para intentar frenar un reclamo legítimo», expresó.
Calderón también puso en duda que Nación tenga facultades para llevar adelante esos controles dentro de las escuelas pampeanas. «La gestión directa y el control cotidiano de las escuelas en nuestro territorio es una competencia estrictamente provincial. El Gobierno nacional no cuenta con la estructura ni con la legitimidad federal para intervenir de forma unilateral en las dinámicas escolares pampeanas. Cualquier intento de monitoreo sería una intromisión ilegal y un avasallamiento de las autonomías provinciales», sostuvo.
