A partir de ahora, el juez federal Claudio Bonadio investigará a Julio De Vido, su esposa, su hijo y su empleada doméstica, bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito, otra de las investigaciones que quedó anexada a la megacausa de los cuadernos de la corrupción.
Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la decisión fue tomada por la Cámara Federal, que esta semana aceptó la resolución tomada por el juez Luis Rodríguez de desprenderse de la investigación, en sintonía con su alejamiento del expediente sobre el lavado de dinero de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner.
El que intentó impedirlo fue el propio De Vido. A través de sus defensores, el ex funcionario cuestionó la decisión de Rodríguez que «sorpresivamente y luego de diez años» de trámite resignó su investigación en manos de Bonadio. «Increíble, ¿no?; pero, lamentablemente, real», afirmaron los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en el escrito al que accedió Infobae. Ahora, buscarán revertir esta decisión en la Cámara Federal de Casación Penal.
Rodríguez enfrenta acusaciones en el Consejo de la Magistratura precisamente por su intervención en la causa contra Muñoz. También fue denunciado penalmente. La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, investigada como una de sus testaferros, y el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, aseguraron como arrepentidos que Muñoz le había pagado al juez Rodríguez unos 10 millones de dólares para garantizarse el cierre de las investigaciones en su contra.
El año pasado, cuando el fiscal Carlos Stornelli impulsó las detenciones de Pochetti, la testaferro Elizabeth Ortiz Municoy y otro grupo de personas, Rodríguez rechazó el planteo. Entonces, Stornelli fue a la Cámara Federal, que terminó apartando a ese magistrado de la investigación.
Así, el expediente sobre el eventual enriquecimiento ilícito de De Vido y su familia se unió al caso de los Cuadernos, que maneja Bonadio.
En ese marco, el juez Rodríguez decidió declararse incompetente en la investigación en la cual la fiscalía habla de un incremento patrimonial de la familia del ex ministro de un tres mil por ciento, en relación a sus bienes en 2002, antes de ingresar en la función pública nacional.
En su queja ante la Cámara Federal, la defensa de De Vido habló de «arbitrariedad» e «inseguridad jurídica», criticó a Rodríguez porque «intenta construir un insostenible paralelismo entre dos causas (Muñoz y De Vido) que lejos están de ser emparentables» y resaltó que «el Diputado Nacional por la oposición, Julio Miguel De Vido, se encuentra injustamente imputado, producto de una manifiesta campaña mediático judicial persecutoria, en cuanto menos cincuenta procesos penales».
También cuestiono por qué, después de diez años, se resolvió entregar el caso al juez Bonadio y no a cualquiera de las otras causas penales que tienen como imputado al ex ministro.
También protestaron por la decisión de Rodríguez la cocinera de De Vido, Nelida Caballero, su esposo Omar Lavergne y su hija Camila: dijeron que la causa en su contra se encontraba próxima a ser elevada a juicio, que no tenían ninguna vinculación con el caso de los cuadernos y hablaron de la vulneración de la garantía del juez natural.
