Oscar Centeno, el chofer y valijero, dio detalles de los escritos que revelaron un circuito de recaudación de coimas que se sospecha que eran entregadas a Néstor y Cristina Kirchner.
En la imputación, el juez sostiene que la finalidad «fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”
El juez Claudio Bonadio imputó a los indagados por el caso de los cuadernos de la corrupción como integrantes de una asociación ilícita integrada por ex funcionarios y empresarios ligados a la obra pública.
En la imputación, a la que accedió Infobae en fuentes vinculadas a las defensas de los acusados, se señala que se los acusa de: «integrar una asociación Ilícita… la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2008 hasta noviembre del año 2015 y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».
«La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente», agrega la imputación.
«El dinero era entregado alternativamente a los titulares del poder ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411 CABA, en la Residencia Presidencial de Olivos, en la Casa de Gobierno, parte de ese dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos», contínúa.
Y sigue: «La maniobra fue organizada por Julio Miguel De Vido (entonces Ministro de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios) y Roberto Baratta, (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Minsterio de Planificación) quienes, desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaban los cobros comprometidos. Los cobros fueron recaudados por Baratta y Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta); también participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos, Walter Fagyas (presidente de ENARSA), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del ministerio de Planificación), Hernán Camilo Gómez(funcionario de la subsecretaria de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Planificación Federal) y Fabián Ezequiel García Ramón /director nacional de energías renovables y eficiencia energética del ministerio de Planificación Federal). Los nombrados en casi todas las oportunidades fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/ cobros por Oscar Bernardo Centeno, que recibía órdenes de Baratta y De Vido».
En otro apartado de la imputación, Bonadio les describió a los imputados cómo funcionaba el esquema de recolección de bolsos: «El sistema estribaba básicamente en una serie de puntos fijos de recaudación en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios de los cuales recibían dinero en efectivo principalmente en moneda estadounidense, alternativa mente esos puntos fijos se concretaban en estacionamientos públicos o privados y el pase de dinero se hacía directamente de automóvil a automóvil o también en oficinas públicas y privadas».
Después de un episodio confuso el 22 de octubre de 2015, en el cual, personas desconocidas intentaron interceptar el automóvil del Ministerio que había retirado una recaudación de «Supercemento SAIC», el sistema cambió, y los empresarios debían concurrir al Ministerio de Planificación, ingresar por el estacionamiento privado y de allí accedían directamente al despacho de Baratta».
Y agrega que «con posterioridad solo esporádicamente autos oficiales pasaban por alguna empresa a retirar la recaudación. En este contexto se puede afirmar que había un primer círculo de percepción de fondos conformado por quienes tenían contacto directo con quienes aportaban los fondos involucrados. En un segundo círculo estaban quienes a su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a quienes en definitiva comandaron y organizaron este sistema.
Quienes integraban el primer círculo se encontraban entre otros Roberto Baratta, Walter Rodolfo Fagyas, Nelson Javier Lazarte, Fabián Ezequiel García Ramón, Hernán Camilo Gómez, Rafael Enrique Llorens, y Germán Ariel Nivello. En el segundo nivel quienes recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades delictivas eran José María Olazagasti, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel Abal Medina y Daniel Muñoz.
Finalmente quienes se beneficiaron de este sistema recaudatorio, que por cierto no es el único, según conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron este tribunal o son de público y notorio son Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández y Julio Miguel De Vido».
También describió Bonadio en la imputación a los receptores de las sumas de dinero que según Centeno estaban en los bolsos: «Entre las personas que recibían el dinero que les llevaban los nombrados se encuentran entre otros Igor Rudy Fernando Ulloa, Oscar Parrilli-Secretario General de la Presidencia y Director de la Agencia Federal de Inteligencia-, Héctor Daniel Muñoz-secretario privado de Presidencia-, Hugo Martín Larraburu-coordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros-, Juan Manuel Abal Medina-Jefe de Gabinete de Ministros-, José María Olazagasti-Secretario Privado de De Vido-, Jorge Omar Mayoral -Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal-, y Germán Ariel Nivello -Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal».
«Los recaudadores de la asociación ilícita-señala la imputación que hizo Bonadio-contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por una suma aproximada de dólares estadounidenses TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL (USD 35.645.000,00); en un sin número de oportunidades entre 2008 y 2015 lo que permite acreditar la permanencia en el tiempo de la organización ilícita».
Los empresarios identificados como pagadores por Bonadio son Carlos Guillermo Enrique Wagner, Armando Roberto Loson, Héctor Javier Sánchez Caballero, Francisco Rubén Valenti, Carlos José Mundín, Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luis Ferreyra, Oscar Juan Carlos de Goycoechea, Néstor Otero y Claudio Javier Glazman. En ese listado Bonadio sumó a Alfredo Thomas, quien estuvo a cargo del Ente Binacional Yaciretá.
Bonadío pidió allanar el departamento de la ex presidenta
El juez Claudio Bonadio, el magistrado que está a cargo de la causa por el aparente circuito de corrupción durante el kirchnerismo revelado por las anotaciones de Oscar Centeno, chofer del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, pidió al Senado que vuelva a discutir el desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien citó a prestar declaración indagatoria el próximo 13 de agosto.
En el escrito, el magistrado también solicitó autorización al Congreso para allanar el departamento de Recoleta de la ex mandataria, que aparece mencionado en el relato que Centeno volcó en sus cuadernos.
A principio de junio, los senadores de los bloques Cambiemos y PJ en la Cámara Alta habían acordado postergar el desafuero contra la ex mandataria que el propio Bonadio había pedido en diciembre de 2017, en el marco de la investigación por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El magistrado, en el escrito que envió al Senado, consideró a Cristina Kirchner como «jefa de una asociación ilícita».
El caso, por el cual están detenidos ex funcionarios e importantes empresarios, comenzó en noviembre del año pasado cuando HH, ex mujer de Oscar Bernardo Centeno, quien fuera chofer de Baratta en el Ministerio de Planificación, reveló que su ex pareja le contó que llevaba y traía bolsos repletos con dinero junto a Baratta y sus colaboradores.
En la segunda oleada de imputados, Bonadio incluyó a la ex presidenta, ya que en los cuadernos de Centeno hay anotaciones en las que señala que le llevaron bolsos al departamento de la familia Kirchner en la calle Uruguay, en Recoleta, y a la Quinta de Olivos.
También serán indagados, entre otros, el ex ministro Julio De Vido, su secretario, José María Olazagasti, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y el secretario general de la Presidencia y luego jefe de los espías Oscar Parrilli. Todos aparecen nombrados en los cuadernos donde Centeno hizo una bitácora de la corrupción.
Según detallaron fuentes judiciales, este segundo pedido de desafuero que realizó Bonadio es porque en el anterior, por la firma del Memorandum con Irán, todas las personas que fueron detenidas en su momento ya fueron excarceladas. Entonces, para evitar que suceda esto con la ex mandataria, se vuelve a formular el pedido de desafuero porque el juez la considera la jefa de una asociación ilícita.
Fuente: Infobae
