En la jornada de este martes, el Poder Ejecutivo presentó sus primeras propuestas de recomposición salarial, las cuales fueron calificadas como insuficientes por el arco gremial, forzando un nuevo cuarto intermedio hasta mañana miércoles.
La primera oferta incluía un porcentaje para el mes de mayo y la cláusula gatillo para julio. La propuesta fue rechazada y el gobierno aumentó el porcentaje de mayo, pero tampoco fuu aceptada. Pasaron a un cuarto intermedio hasta este miércoles.
Tras un primer encuentro la semana pasada donde el Gobierno pampeano se limitó a describir el complejo escenario financiero provocado por la recesión y el recorte de fondos nacionales, las autoridades acudieron a la mesa paritaria con números concretos para el trimestre en curso.
Doa ofrecimientos
La negociación sumó tensión a lo largo del día a partir de dos ofrecimientos sucesivos por parte de los representantes del Ejecutivo. El Gobierno propuso inicialmente un incremento del 2,4% para el mes de mayo, garantizando que el aguinaldo de junio se liquidaría con ese aumento, y ofreciendo aplicar la cláusula gatillo en el mes de julio. La respuesta de los sindicatos fue un rotundo «no» y pidieron «un mayor esfuerzo».
Tras un breve cuarto intermedio, los paritarios del gobierno elevaron la oferta inicial a un 3% para mayo (en lugar del 2,4% previo), manteniendo las condiciones para el aguinaldo y la actualización de julio.
Los gremios consideraron que la cifra no colma las expectativas de recomposición, por lo que la paritaria pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta este miércoles para intentar destrabar el conflicto.
El punto de partida de la discusión
El debate salarial de los estatales se da en un contexto particular. En lo que va de 2026, los salarios de la administración pública pampeana acumulan una suba del 14,05%, posicionándose técnicamente por encima del 9,5% de inflación medido por el INDEC para el mismo período.
Asimismo, los haberes mínimos garantizados ubican un piso salarial general de $1.200.000 y un haber mínimo para familia tipo de $1.520.021 (para agentes con carga de familia).
Pese a que los índices oficiales muestran un margen favorable en los papeles, los representantes sindicales sostienen que el costo real de las tarifas de servicios públicos y la canasta básica regional diluyen esos porcentajes en el bolsillo diario, motivo por el cual exigen blindar el poder adquisitivo con un porcentaje inicial más alto antes de la aplicación de la cláusula gatillo. Las partes volverán a verse las caras mañana en busca de un acuerdo definitivo.
