Por Robert Lizárraga
La soberanía alimentaria se puede definir como el derecho de los pueblos a ejercer el control y la toma de decisión sobre las políticas agrarias y sistemas alimentarios, con el fin de que sus alimentos sean accesibles, de calidad, nutritivos y culturalmente apropiados. Esta perspectiva propone una concepción de los alimentos como derechos y no como mercancías.
Algunos de los pilares que sostienen esta concepción son definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, incluido el agua, a fin de garantizar una alimentación nutricionalmente adecuada para toda la población.
Teniendo en cuenta que el 30% de las tierras en el mundo están ocupadas por productores, en este reducido porcentaje se producen el 70% de los alimentos del planeta. La agricultura familiar representa en Argentina el 13% de las tierras que se trabajan, mientras tanto, la agroindustria ocupa el 87% de la superficie.
A mediados de los años 90 un grupo de instituciones empezaron a definir un concepto que representa un derecho fundamental en esta temática: la soberanía alimentaria. Desde entonces esta bandera fue ganando visibilidad, convocando y articulando a una cantidad creciente de sectores.
Es importante saber que, si bien son las grandes marcas y corporaciones las que se llevan las ganancias y beneficios que genera el sistema alimentario global, quienes alimentan a la población son las familias que producen lo que comemos día a día, y lo hacen en pequeñas unidades de producción a lo largo de todo el planeta.
La perspectiva de la soberanía alimentaria se relaciona directamente con la economía social.
En primer lugar, ambas posturas apuntan a una democratización de los modos de producción, comercialización y consumo de los alimentos; proponen la organización en el territorio y la articulación entre una producción sustentable, una comercialización solidaria y un consumo crítico y organizado.
La soberanía alimentaria y la economía social reivindican el derecho de los productores a delimitar qué producen y cómo, y el de los consumidores a definir qué comen y dónde adquieren los alimentos, pugnando para que sea el Estado su principal garante.
A su vez plantean la necesidad de avanzar en profundas transformaciones políticas, culturales y económicas para garantizar los derechos sociales y ambientales.
El derecho a una soberanía alimentaria exige necesariamente el despliegue de elementos propios de una economía al servicio de las personas, relaciones justas de intercambio, que garanticen el pago de importes justos a los actores de la producción, excedentes dignos para las fuerzas del trabajo y precios accesibles para las personas que consumen los alimentos.
La soberanía alimentaria y la economía social están atravesadas por una apuesta por la sostenibilidad medioambiental, que confluyen en una propuesta de cooperación, corresponsabilidad y solidaridad con las generaciones presentes y venideras, ya que únicamente a través de garantizar la sustentabilidad podremos dejarles a las generaciones futuras las mismas condiciones medioambientales de las que hemos disfrutado para producir, trabajar y alimentarnos.
La soberanía alimentaria se perfila como una nueva y revolucionaria alternativa, construida desde abajo, desde las necesidades reales de las personas y los pueblos, para mejorar el proceso actualde producción, distribución y consumo.
Por Robert Lizárraga
Fuentes consultadas:Biodiversidad en América Latina. ONG
