La Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la Subsecretaría de Niñez continúa la investigación de la causa iniciada por la guarda ide un bebé en Rancul. La decisión fue comunicada tras analizar la respuesta remitida por el Poder Ejecutivo Provincial al requerimiento inicial de informes. A partir de ahora, el cuerpo legislativo solicitará documentación de forma individual y específica a tres ministerios pampeanos.
La Comisión Investigadora que analiza el desempeño de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia respondió formalmente al Gobernador Sergio Ziliotto y ratificó que continuará con las actuaciones en el caso del bebé entregado en guarda a una familia de Rancul. Según informó el propio organismo parlamentario a través de un comunicado oficial, el dictamen fue adoptado luego de analizar la respuesta enviada por el Gobierno provincial y definir la solicitud de nuevos informes puntuales a distintas reparticiones públicas.
En su escrito, la Comisión le aclaró al titular del Poder Ejecutivo que varios de sus planteos resultaron repetitivos sobre límites que ya se habían prefijado. Al respecto, el órgano legislativo remarcó que «no es objeto de esta investigación analizar, revisar ni emitir juicio alguno sobre el mérito, acierto o conveniencia de decisiones del Poder Judicial, ni acceder a expedientes judiciales o información sometida a reserva».
Frente a las prevenciones sobre la competencia de la investigación, el cuerpo ratificó que las pesquisas se limitan al plano administrativo, funcional e institucional. En ese sentido, puntualizó que se evalúan «procedimientos, actos administrativos, intervención de equipos técnicos, protocolos, comunicaciones, mecanismos de coordinación y demás actuaciones comprendidas dentro de las competencias de la Administración».
A su vez, el comunicado institucional enfatizó los fundamentos constitucionales del control parlamentario sobre los actos de gobierno. Desde la Comisión señalaron que «en un Estado de Derecho y bajo el sistema republicano de gobierno, el ejercicio del poder público se encuentra sujeto a límites y controles recíprocos», agregando que «esta función de control no constituye una intromisión en las competencias del Ejecutivo, sino el ejercicio de una atribución propia del sistema republicano».
En función de estas delimitaciones, la Comisión decidió redirigir pedidos de informe separados e individualizados a los Ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud.
Las carteras provinciales contarán con un plazo de cinco días hábiles para responder, con la posibilidad de solicitar una prórroga si la complejidad de la documentación así lo exige. Por último, la agenda parlamentaria contempla la comparecencia de las abogadas patrocinantes del caso para aportar sus testimonios sobre el proceso.
