En un contexto atravesado por la necesidad de mejorar la competitividad y otorgar mayor estabilidad al sector agroindustrial, el diputado nacional Martín Ardohain, junto a un grupo de legisladores, presentó un proyecto de ley que propone la eliminación gradual de los Derechos de Exportación (DEX) y la creación de un marco de previsibilidad fiscal para la actividad.
La iniciativa busca responder a un reclamo histórico del sector productivo, enfocado en la reducción de la presión tributaria y en la generación de seguridad jurídica para fomentar inversiones de largo plazo.
El proyecto establece un esquema de adecuación diferenciado según los distintos complejos productivos del país. Para las manufacturas de origen industrial, agroindustrial y las economías regionales, contempla una reducción mensual, lineal y automática de las alícuotas hasta alcanzar el 0 % en un plazo de 36 meses.
En el caso del complejo sojero uno de los principales pilares de la recaudación fiscal argentina, la propuesta prevé una disminución automática y mensual de 0,5 puntos porcentuales hasta su eliminación total. Según los fundamentos de la iniciativa, este esquema diferencial apunta a equilibrar la transición fiscal del Estado mientras se elimina una carga que, de acuerdo con los autores, afecta la competitividad y la eficiencia de la producción primaria.
Restitución de facultades al Congreso
Entre los aspectos centrales y más relevantes del proyecto es la restitución de competencias tributarias al Poder Legislativo. La propuesta plantea derogar las facultades delegadas que actualmente permiten al Poder Ejecutivo modificar las alícuotas de los derechos de exportación mediante decretos.
De avanzar la iniciativa, la creación o el incremento de estas alícuotas pasarían a ser atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, en línea con los principios establecidos por la Constitución Nacional. No obstante, el Poder Ejecutivo conservaría la facultad de reducir o eximir total o parcialmente los derechos vigentes, siempre que dichas medidas impliquen una mejora en las condiciones de competitividad para los productores.
La presentación del proyecto se da en un escenario donde el debate por la presión fiscal sobre el agro volvió a ocupar un lugar central en la agenda política. Aunque durante el último año se aplicaron reducciones parciales en algunos complejos exportadores, las entidades rurales continúan señalando la ausencia de un marco legal de largo plazo como uno de los principales obstáculos para incentivar nuevas inversiones.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de legisladores cofirmantes como Alicia Fregonese, Martín Yeza y Alejandro Finocchiaro, entre otros. Ahora comenzará su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde se anticipa un intenso debate en torno a su viabilidad fiscal y al impacto que podría generar sobre las cuentas públicas.
Por Robert Lizarraga
