El fiscal de Delitos contra las Personas, Guillermo Komarofky, se encuentra al frente de las investigaciones por amenazas y pintadas vinculadas a retos virales que ya suman más de 30 denuncias formales en la provincia.
El fenómeno, que afecta principalmente a jóvenes de entre 12 y 14 años, ha dejado de ser un problema escolar para convertirse en una cuestión de seguridad pública que involucra allanamientos, secuestro de arsenales y causas penales contra los padres.
A pesar del esfuerzo de las autoridades, el goteo de incidentes persiste. La última denuncia se registró ayer por la tarde en la Escuela 233 de General Pico, ubicada en la intersección de las calles 102 y 115. Allí, una nueva pintada en el baño volvió a poner de manifiesto la vigencia de esta problemática en alumnos de nivel primario. «Al parecer es un nuevo hecho vinculado a este reto viral con el que quieren probar si consiguen que le suspendan las clases, el mismo patrón que hemos tenido en los últimos días», explicó en diálogo con El Diario.
Identificación de autores
Desde General Pico hasta localidades como Realicó, Parera e Intendente Alvear, las autoridades han tenido que intervenir en diversos establecimientos. La labor de identificación no ha sido sencilla, pero la combinación de tecnología y mayor vigilancia docente ha dado frutos. «En algunos hemos determinado quiénes fueron a través de las cámaras porque vemos el grupito que ingresa al baño, o también porque los docentes están mucho más atentos a estos movimientos», detalló el funcionario judicial.
En Realicó, por ejemplo, la resolución de un caso en la Escuela Técnica llegó de la mano de la responsabilidad civil y las redes sociales. Una mujer alertó que sabía quién había sido la autora de una pintada tras escuchar el relato de su hija. El procedimiento posterior fue quirúrgico: «Ubicamos a la alumna y con la Dirección de la escuela revisamos sus cuadernos para comparar la grafía de la alumna, que coincidió con la utilizada en la leyenda del baño», relató Komarofky.
Casos preocupantes en el Comercial y Rancul
De la totalidad de los expedientes, dos revisten una gravedad institucional y penal. El primero involucra al Colegio Comercial de Pico, donde la psicosis se desató cuando un adolescente de 13 años fue detectado con proyectiles reales. «Justo esa tarde (jueves 17) otros alumnos habían visto a un chico de 13 años con una munición calibre 38, una munición de fuego. Se convocó en ese momento a la autoridad policial y le encuentran efectivamente la munición», precisó el fiscal.
Aunque se ordenó un allanamiento en su vivienda con resultado negativo, el clima de tensión se acrecentó debido a que el mismo menor ya había protagonizado un incidente con una réplica de juguete, lo que Komarofky describió como una situación de alarma social alimentada por la noticia del tiroteo en la escuela de Santa Fe.
Otro caso preocupante ocurrió en Rancul. Un joven de 14 años que asiste al colegio Elida Salas amenazó explícitamente con asesinar a directivos y docentes con nombre y apellido. Ante la reticencia de la madre a colaborar, quien según el representante del Ministerio Público «minimizaba el hecho», se procedió a un allanamiento que destapó una situación irregular en el seno familiar.
En la vivienda de la madre se hallaron rifles de aire comprimido, pero fue en la casa del padre donde el operativo dio un giro penal de magnitud: se secuestraron armas largas, cortas, carabinas y visores térmicos. Dado que la documentación estaba vencida, el padre fue notificado en una causa por tenencia ilegal. «A los fines de la Ley Penal es como si no tuviese documental y no está habilitando para tener esas armas, por eso se secuestraron las armas y ordené hacer una causa por tenencia ilegal de arma sin autorización legal», sentenció el fiscal.
Los casos ya suman más de 30: en las últimas jornadas se sumaron hechos en colegios de Victorica, Parera, Intendente Alvear, Trenel, Eduardo Castex y Toay, entre otros. También se produjeron hechos similares en Santa Rosa, General Pico, 25 de Mayo, General Acha, Jacinto Arauz, Realicó y Rancul.
Advertencia a familias y expectativa
El procedimiento judicial busca ser pedagógico a la vez que punitivo. Komarofky es tajante cuando convoca a los padres a sede policial para explicarles que una pintada en un baño puede derivar en la pérdida de sus dispositivos electrónicos y en la exposición de sus hogares a la fuerza pública.
«Lo que hago cuando determinamos el grupo es convocar a los seis o siete chicos con sus padres a la Comisaría y se les explica que podemos hacer allanamientos para sacar celulares, para sacar notebooks, buscar armas, y allí los mismos padres comienzan a comentar lo que ya les dijeron sus hijos», señaló a El Diario sobre la dinámica de las audiencias informales.
En cuanto al futuro de esta crisis escolar, el fiscal observa con moderado optimismo que la frecuencia de los hechos ha comenzado a disminuir. La firme decisión de no suspender las clases ha quitado el incentivo principal a los alumnos.
