Desde el 1 de julio, dos grandes corredores viales de la Argentina quedarán en manos de empresas privadas, que asumirán la gestión, administración y mantenimiento de 1871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas durante 20 años. Hasta ahora, estos tramos estaban bajo control de la empresa estatal Corredores Viales S.A.. La medida forma parte de la Red Federal de Concesiones (RFC), el plan con el que el Gobierno busca transferir la infraestructura vial al sector privado bajo un esquema de inversión 100% privada.
El ministro de Economía, Luis Caputo anunció la firma de los contratos de la Etapa II-A de la RFC. “Se trata de dos corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa”, publicó Caputo en su cuenta de X.
La adjudicación del Tramo Pampa —546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján (Buenos Aires) y el empalme con la Ruta Nacional 35 en La Pampa— quedó a cargo de CORREDOR VIAL 5 S.A.U. (Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.), que presentó una tarifa ganadora de $2355,37 sin IVA para el peaje.
Por otro lado, el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur —1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery— fue adjudicado al consorcio RUTAS SUR ATLÁNTICO S.A. (integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A.), con una oferta de $997 sin IVA para el peaje.
Según informaron fuentes de Vialidad Nacional a TN, estos valores son las tarifas ganadoras de la licitación, pero solo podrán cobrarse una vez que las empresas dejen las trazas en óptimas condiciones, tal como exigen los contratos. Mientras tanto, cobran la tarifa que venía cobrando la concesionaria estatal actualizada por IPC al día de hoy.
Qué es la Red Federal de Concesiones
La Etapa II-A representa el segundo capítulo del programa RFC, un plan de gobierno que implica que las empresas privadas financien íntegramente las obras y el mantenimiento, mientras que Vialidad Nacional supervisa el cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad. Este modelo reemplaza los esquemas anteriores, que requerían aportes del Estado Nacional.
En enero de 2026, se firmaron los primeros contratos de la Etapa I de la RFC, cuando las empresas Autovía Construcciones y Servicios S.A. y una UTE de cinco firmas tomaron posesión de 741 kilómetros del ex Corredor Vial 18 —incluyendo las rutas 12, 14, el Puente Rosario-Victoria y tramos en Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires—. Aquella fue la primera vez que el Estado desvinculó a Corredores Viales de la operación de una ruta nacional.
Ya están licitadas la Etapa II-B —más de 2.500 kilómetros en las rutas 7, 8, 9, 36 y 188— y la Etapa III, que suma otros 3.900 kilómetros en ocho provincias del norte y centro del país. El objetivo final es superar los 9.000 kilómetros concesionados en todo el territorio nacional.
