El Gobierno provincial insiste con hacerse cargo de las obras del Procrear que abandonó Nación en La Pampa. Se trata de 636 viviendas que presentan entre un 16 y un 22 % de avances.
La decisión de la gestión de Javier Milei de disolver el fondo fiduciario que sustentaba el plan Procrear no fue vista con buenos ojos en La Pampa. «Genera mayor incertidumbre a la que teníamos, tanto en el Procrear como con el Enohsa», señaló el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati.
El funcionario explicó que «la confirmación de la desaparición del fideicomiso que permitía llevar adelante los desarrollos urbanísticos que tenemos en La Pampa afecta directamente la posibilidad de continuar a través del Gobierno nacional con la finalización de las obras».
De todas maneras, aclaró que era un escenario que preveían por lo que «desde hace bastante tiempo venimos insistiendo para que Nación transfiera a La Pampa los contratos y nosotros poder finalizar las obras».
Las notas con el pedido enviadas desde La Pampa aún no han tenido respuestas. Sin embargo, con la adhesión de la provincial Régimen de Obligaciones Recíprocas abre una puerta para «que entreguen los contratos, lo cual nos posibilitaría conversar para que nos entregue las unidades habitacionales que están avanzadas y que se cambie el valor de lo que está ejecutado por la deuda que tiene la Nación con La Pampa. Ahí nos permitiría tomar la decisión de continuar con los contratos rescindidos, no tener vinculación contractual con las empresas que las estaban llevando adelante, volver a licitar y finalizar las obras».
Desde la cartera que conduce Intronati advirtieron que «las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional en cuanto obras públicas afectan de sobremanera a todos los ciudadanos, al día de hoy la deuda que tienen con las empresas, por la paralización de las edificaciones, es millonaria. Si bien el Estado Provincial asumió el compromiso y continúa con muchas de las infraestructuras, existen situaciones particulares como la continuidad de los Barrios Procrear de Santa Rosa, General Pico y Toay que parecen inviable ante los obstáculos de Nación y el desinterés a que las familias posean una vivienda propia».
En ese sentido, pusieron el énfasis en «el daño que causa en la provincia y en particular a las 636 familias que podrían haber accedido a su casa propia, además de lo que afecta la paralización de la mano de obra que estaba generando, lo cual se puede definir con 1000 puestos de trabajo menos, teniendo en cuenta que por cada casa en construcción se toma como referente seguro un empleo y medio».
Las viviendas que se paralizaron en la provincia están distribuidas en las ciudades de Toay, Santa Rosa y General Pico.
Cuentan con un avance de entre el 16 y 22%, y el abandono de los pagos por parte de Nación a las empresas constructoras pampeanas suma una totalidad de 9.000 millones de pesos, «significando también estancamiento en los comercios y rubros que directa e indirectamente interactúan con la construcción». A esto se le suma el «elevado daño social, económico, cultural y de desarrollo familiar que impacta directamente en quienes podían ser los potenciales propietarios de los módulos habitacionales diseñados, específicamente con características y materiales de óptima calidad, tomando conceptos cualitativos y cuantitativos para beneficios de las personas y el ambiente».
