El equipo del Centro Educativo Terapéutico San Roque, a través del área de Desarrollo Social de Alta Italia, llevó a cabo una jornada de intervención comunitaria en el marco del “Día Mundial de la Salud Mental».
La intervención artística que realizaron los integrantes del Centro Terapéutico quedó exhibida en una de las paredes de Villa Esther
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Día Mundial de la Salud Mental cada 10 de Octubre con el fin de visibilizar la temática, haciendo hincapié en la necesidad de acotar la brecha en el acceso al cuidado en salud mental y con ello propiciar un abordaje integral de la salud.
Todas las personas –niñas, niños, adolescentes y adultos o adultas– podemos transitar situaciones de padecimiento mental. Estas situaciones pueden presentarse como transitorias o duraderas, variando en su presentación y contexto, y requerir diversos dispositivos o estrategias de acompañamiento, cuidado y atención.
La pandemia tuvo un fuerte impacto en lo social y en lo económico, así como en la subjetividad y la salud mental de la sociedad. Esto generó angustia, impotencia e incertidumbre, y planteó grandes desafíos ligados a la situación de aislamiento social.
En nuestro país, nos encuentra a más de diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657 (sancionada en el 2010 y reglamentada a través del Decreto Presidencial 603/2013), que –junto con la aprobación del Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018 (Resolución 2177/2013, Ministerio de Salud de la Nación) – configuró un nuevo escenario en el campo de la salud mental de nuestro país.
Esta ley constituye un paso muy importante hacia un cambio de paradigma, ya que garantiza el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional (artículo 1).
Es una ley que avanza en adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional en nuestro país desde 1994, y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008 y con jerarquía constitucional desde 2014.
