Esta mañana las ocho vecinas de Parera que habían sufrido la impugnación de sus viviendas del Plan Mi Casa III próximas a entregarse, se reunieron nuevamente con personal del IPAV (que arribó a la localidad a explicar la situación de cada una de ellas).
Estuvieron acompañadas por sus abogadas Cristina Salvadori y Yanina Cabrera, quienes presentaron un recurso días atrás para revertir estas impugnaciones.
Consultada por Zonal Noticias, la abogada Cristina Salvadori informó «a partir del recurso que presentamos logramos revertir dos casos (Aldana Merlo y Alejandra Villegas), estas dos personas ya tienen su vivienda adjudicada, tres casos quedan pendiente de la entrega de documentación y en otros tres, fueron desadjudicadas lamentablemente».
La abogada no dudó al momento de afirmar que «hubo mucha impericia de parte del municipio local respecto del asesoramiento a las chicas para poder acceder a su vivienda, un derecho que está consagrado constitucionalmente«.
«Con respecto a estos 3 casos en los que tenemos cinco días hábiles para presentar documentación, en uno de ellos, desde Acción Social de Parera me entregaron la documentación que hacía falta pero necesito que el intendente municipal y la Unidad Local me entreguen otra documentación que falta y que es fundamental para que en un plazo de cinco días podamos acreditar y revertir, en este derrotero de varios meses, todo aquello que fue informado erróneamente», detalló.
En este sentido amplió: «hay información que se presentó desactualizada o se dio crédito a algunas cuestiones que no pueden ser consideradas con mayor valor probatorio que una información de dominio público, como es un registro catastral».
Salvadori reiteró que de las ocho viviendas del Plan Mi Casa III en cuestión, «dos fueron adjudicadas, tres tenemos pendientes para acreditar la documentación necesaria. De una de ellas ya tenemos la documentación, en otro de los casos necesito que el intendente me suministre informes fidedignos y que la Unidad local me realice un informe actualizado y no como el que nos entregó que está desactualizado y es erróneo».
Tres desadjudicadas
«En los tres casos restantes, las personas quedaron desadjudicadas, una de ellas perjudicada gravemente ya que no se le permite acceder a una vivienda, sino también pierde la antigüedad para acceder a una futura vivienda».
«Las otras dos personas no lograron acreditar la continuidad y la permanencia en la localidad que era uno de los requisitos que exigía el IPAV, pero eran obstáculos que podrían haberse sorteado porque estas personas no estaban en la localidad no por voluntad propia, sino que no tenían alternativa alguna, salvo vivir en la plaza».
«En estos casos claramente se trató de una circunstancia de fuerza mayor porque estas familias se fueron, no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción», argumentó.
La abogada completó «uno de estos tres casos que quedaron desadjudicadas, se trató de una joven que no tuvo la posibilidad de acreditar su residencia, pero tampoco fue su voluntad irse a vivir a otra localidad por un tiempo, porque en ese momento era menor y no dependía de ella esta decisión».
La abogada que representó a las ocho familias, remarcó «la realidad del caso es que estas ocho familias necesitan una vivienda, hay un montón de niños que quedan desamparados, en líneas generales los requisitos están cumplidos, todas son madres, tienen hijos pequeños y necesitan un lugar digno, es una garantía constitucional y se les está haciendo vedada, el perjuicio se lo está provocando el mismo municipio al no informar de manera verídica y contundente la situación real de esas familias», concluyó Salvadori.
