Desde el Bloque de la UCR, se presentó un proyecto de ley para que, en vez de una renovación anual de la licencia nacional de conducir, se habilite la renovación cada dos años a las personas mayores de 70 años de edad, hasta los 80.
«Es sabido que la ley nacional de tránsito 24.449 y su decreto reglamentario 779/95 sientan las bases para el ordenamiento jurídico y técnico en materia vial. Regulan el uso de la vía pública, y alcanza a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres, a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito», menciona el proyecto.
Sin embargo, su rigidez técnica, genera una burocracia que conlleva efectos socio económicos que afecta a una importante proporción de la población, impactando principalmente sobre sus economías personales.
Así, quienes a partir de los sesenta y cinco (65) años tienen que renovar o tramitar su licencia de conducir, tienen que erogar sus recursos cada tres años, exigiendo que en cada oportunidad cumplan con las exigencias de revisación médica, prueba escrita y oral, y test de conducción, en consonancia con lo establecido en la respectiva reglamentación.
En el proyecto, los diputados del radicalismo expresaron «se generaría una situación de injusticia, respecto de las personas mayores de setenta (70) años, quienes además de cumplir con las exigencias anteriores en igual sentido que las personas mayores de sesenta y cinco (65), tienen que renovar anualmente la licencia de conducir«.
Es sabido que las personas jubiladas y pensionadas, constituyen uno de los grupos etarios y sociales que más sufren las consecuencias de la crisis económica y social que padecemos.
Para quienes perciben un haber mínimo, afectar anualmente parte de sus recursos a la renovación de las licencias, significa destinar menos recursos a la atención de sus necesidades personales.
En este orden de las cosas, varias jurisdicciones provinciales y municipales han comenzado a modificar la legislación en la materia concreta, para interpretar la necesidad de generar cierta equidad, superando la coyuntura actual producto de la declaración de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid-19), que sería un elemento más a considerar.
«Es por ello que proponemos sea debatido en el seno de la Cámara una modificación a la ley provincial de tránsito, por la cual se adhiere, en virtud da las facultades otorgadas por la ley nacional, a en casi un todo de la citada norma», concluyeron.