El intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, se presentó este miércoles en la Fiscalía General, donde “negó haber cometido ese delito”, según informó el fiscal Matías Juan.
La imputación contra Salvadori se enmarca en una presunta omisión de declarar una sociedad comercial en la presentación patrimonial que, por ley, el funcionario debía realizar ante el Concejo Deliberante en agosto del año pasado.
De confirmarse, podría configurarse un delito contemplado en el Artículo 81 de la Ley de Municipalidades de la provincia y el Artículo 268 (3) del Código Penal, con penas que van desde prisión de quince días a dos años, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
“Hizo una breve declaración negando haber cometido ese delito. En febrero será formalizado ante el juez. La Fiscalía trabaja en recabar prueba informativa y testimonial que permita el avance de la pesquisa”, puntualizó el fiscal Juan.
La presentación judicial surgió luego de una denuncia realizada por concejales de la localidad, quienes sostienen que Salvadori no habría incluido en su declaración jurada la existencia de una sociedad comercial de su propiedad. Su defensa estará a cargo del abogado Hernán Salamone.
Contexto de la denuncia
El 16 de diciembre 2024, el fiscal general Armando Aguero confirmó que recibió una denunca contra Salvadori por “omisión maliciosa” en su declaración jurada. Los concejales argumentan que el jefe comunal, al asumir su cargo, estaba obligado a informar todos sus bienes, ingresos y deudas, incluidas las participaciones societarias que eventualmente poseyera.
Este tipo de conducta se encuentra tipificada en el Artículo 268 (3) del Código Penal: “Será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”.
Audiencia
Según confirmó el fiscal Juan a los colegas de Infopico, la investigación se centra en verificar si la sociedad en cuestión efectivamente existía y si debía, por ende, ser declarada. En febrero próximo se realizará la audiencia de formalización, instancia en la que se delinearán los pasos procesales definitivos.
De llegar a acreditarse la omisión maliciosa, Salvadori no solo se expondría a posibles consecuencias penales, sino también a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que podría afectar su continuidad al frente de la intendencia.
