A través del Decreto 84/2026,, el Poder Ejecutivo oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793.
La medida, publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, establece el marco operativo para una norma cuya ejecución se encontraba suspendida desde finales de 2025 por falta de financiamiento presupuestario.
Esta decisión administrativa no fue voluntaria, sino que responde a un fallo del Juzgado Federal de Campana, que en diciembre pasado ordenó la aplicación inmediata de la ley tras un amparo colectivo.
Aunque el Estado nacional apeló la sentencia, el Gobierno avanzó con el decreto para cumplir con el plazo de 30 días impuesto por la Justicia y dotar de precisión operativa a las prestaciones.
Un nuevo régimen de pensiones
Uno de los pilares del decreto es la aprobación de las normas para la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El nuevo esquema prevé:
- Conversión de oficio: Todas las pensiones otorgadas antes de la vigencia de la ley serán transformadas automáticamente al nuevo régimen, previo relevamiento y verificación.
- Compatibilidad laboral: Se busca evitar superposiciones con otros beneficios y fomentar la inclusión
- Auditorías estrictas: La Secretaría Nacional de Discapacidad tiene 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas ante el Consejo Federal de Discapacidad.
Reordenamiento institucional
- La reglamentación ratifica la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud, con el objetivo de abordar la temática desde una perspectiva de protección social integral.
- Será esa oficina la que concentrará las facultades de otorgamiento, control, suspensión y caducidad de las pensiones, mientras que ANSES mantiene únicamente la función de pago.
Asimismo, se instruyó a la autoridad de aplicación a convocar al Consejo Federal para acordar los criterios de evaluación socioeconómica que definirán el acceso a los beneficios.
Con esta medida, el Ejecutivo intenta ordenar la trazabilidad de los fondos y cumplir con los mecanismos de participación de la sociedad civil establecidos por ley.
Impacto y alertas
Desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis) valoraron las líneas de acción de la reglamentación de la ley pero al mismo tiempo mostraron preocupación en un sistema que atraviesa una crisis estructural.
