El cura José Padilla fue indagado este viernes por la denuncia en su contra por abuso sexual, realizada por un exseminarista. La audiencia se realizó en los Tribunales de General Pico. Después, tambien fue formalizado por el juez Alejandro Gilardenghi por un delito contra la integridad sexual.
La agrupación Sororas Libertarias le reclamó al obispo que aparte al religioso “hasta tanto se resuelva la situación judicial”.
Padilla estuvo acompañado el abogado Jorge Salamone, que actúa como defensor. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal, Ivana Hernández.
“Padilla negó todos los hechos, haciendo uso de su derecho a defensa. Negó que haya ocurrido todo lo manifestado”, dijo la fiscala Hernández. Y confirmó que el delito por el cual se lo formaliza es por un “delito contra la integridad sexual agravado por se miembro de un culto”.
Además, la funcionaria judicial explicó que se dictaron varias medidas. Entre ellas, una restricción de acercamiento contra el damnificado y una presentación ante los organismos de contralor.
Días atrás se realizó un allanamiento en la Iglesia Inmaculada Concepción y en el convento de Intendente Alvear en el marco de la denuncia que radicó un joven oriundo de Santa Elena (Entre Ríos), acusando de abuso sexual al cura Padilla, consignó El Diario.
El hecho habría ocurrido cuando integraba la “Fraternidad de Belén”, una comunidad religiosa de capuchinos recoletos fundada por Padilla y de las más conservadoras dentro de la Iglesia católica.
Padilla es una persona muy conocida e influyente dentro de la comunidad de Intendente Alvear. Hace 16 años que es el párroco de la localidad y su congregación maneja además un establecimiento educativo: el religioso es el representante legal del Instituto Comercial Nuestra Señora de Luján.
Mientras tanto, sigue celebrando misas y desarrollando sus actividades con normalidad, ya que el Obispado de Santa Rosa por el momento no ha decidido apartarlo como sí hicieran en otros casos similares.
Días después de conocerse la denuncia pública, la agrupación Sororas Libertarias hizo una protesta en la localidad contra el cura. El viernes 8 de noviembre, antes de que se conociera que la denuncia sería formalmente realizada en la Justicia, le enviaron una nota al obispo Raúl Martín. Allí le reclamaron el apartamiento de Padilla “hasta tanto se resuelva la situación judicial”, advirtiendo que mientras tanto “la jerarquía católica hace oídos sordos”.
“Demandamos que dicho sacerdote sea tratado como un ciudadano común sin ningún tipo de privilegios ni licencias. Todo ello, a los fines de resguardar y garantizar los derechos de los adolescentes de la institución educativa en la cual esta persona se encuentra cumpliendo funciones”, le pidieron a Martín.
“Estos hechos son de suma gravedad y no deben pasar desapercibidos. En los últimos tiempos hemos sido testigos de innumerables denuncias de esta índole, tanto a nivel nacional como internacional», destacaron.
«Según el banco de datos de Estados Unidos BishopAccountability.org, luego de examinar archivos periodísticos, jurisprudencia e información jurídica pertinente, se identificaron en Argentina alrededor de cien clérigos que fueron denunciados por abusar sexualmente a menores de edad o de adultos en situación de vulnerabilidad”, remarcaron.
En el cierre, le insistieron a la autoridad por “una resolución que esté acorde a los tiempos que corren, que no se acalle las voces de las víctimas y que se evite la complicidad con el abuso de poder”.
Advierten que hay más casos de curas abusadores en La Pampa
Un documento de la agrupación Libertarias Pampeanas, difundido por la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, advierte sobre más casos que fueron ocultos por la cúpula de la Iglesia en la provincia.
Al caso de la denuncia contra Padilla, se suma otra presentación judicial contra el cura Hugo Pernini -fue notificado en libertad pero el obispo lo apartó de sus funciones- y al de Héctor Coñuel, un religioso que fue condenado por un hecho ocurrido en 2015 en Victoria y ahora fue detenido nuevamente en Neuquén por una causa de 2012 en Chubut.
“La forma de operar de la Iglesia católica, cada vez que detecta una situación de abuso, es el traslado del acusado y el silenciamiento de los sobrevivientes; esto constituye un sistema concreto de encubrimiento”, apuntaron en el documento.
“A días de una de las mayores condenas a sacerdotes en Argentina, con penas mayores a 40 años de prisión por los delitos cometidos en el Instituto Antonio Próvolo (Mendoza), ¿somos conscientes que con nuestro silencio, nuestro no hacer, nuestra apatía social, estamos encubriendo una red de pedófilos y abusadores que se consideran ‘hombres de Dios’, los cuales imponen su moral en la agenda política y social?”, se preguntaron.
“Esto no es un enojo de las llamadas ‘loquitas aborteras del pañuelo verde’ desparramadas por el país, es algo que trasciende las fronteras. Algo que lleva años siendo investigado en todo el mundo, basta con googlear el tema y en segundos el resultado es escalofriante”, expresaron.
“En La Pampa, al día de la fecha, tenemos conocimiento de una condena (Coñuel) y dos denuncias penales por abusos sexuales contra sacerdotes (Padilla y Pernini). ¿Cuántas denuncias habrán quedado dentro de la estructura de la Iglesia? ¿Cuántas personas todavía no se atreven a denunciar por miedo a ser desacreditadas y estigmatizadas?”, se preguntaron.
Así mismo, exigieron “hoy más que nunca Iglesia y Estado, asuntos separados”.
“Solicitamos a todos los medios de comunicación un compromiso para investigar este nefasto sistema y, en lo que respecta a los denunciantes, un trato digno y respetuoso, reservando su privacidad y evitando la revictimización. ¡Basta de sacerdotes abusadores! ¡Basta de obispos encubridores! ¡Basta del silencio cómplice!”, finalizaron.
