La Comisión de Legislación General, encabezada por Liliana Robledo, debatió el proyecto de ley que propone la adhesión de La Pampa al título I de la ley nacional 27348, complementaria de la Ley de Riesgos de Trabajo.
Al encuentro fueron convocados representantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la Unión de los Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPA) para exponer su postura sobre la iniciativa.
Durante el debate, Noemi Tejada, secretaria administrativa de la CTA, recordó que desde la sanción de la norma nacional en 2017, la central obrera manifestó su rechazo por considerar que “profundiza un modelo que traslada al ámbito privado la gestión de los accidentes y enfermedades laborales”.
La dirigente afirmó que la posición del sector sindical siempre ha sido “promover una ley de prevención y no de riesgos” para asegurar condiciones laborales seguras, en lugar de poner un valor económico a los daños. Sostuvo además que “las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas con fines de lucro que operan bajo una regulación insuficiente” y que la modificación impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri perjudicó un sistema ya privatizado.
Tejada también advirtió que la adhesión provincial “burocratiza los trámites de reconocimiento de enfermedades y accidentes laborales, al obligar a los trabajadores a recurrir a las comisiones médicas”. Según indicó, en la práctica “estas comisiones rara vez revierten lo que dictaminan las ART, lo que deja a los trabajadores en una situación de desprotección”.
Manifestó su preocupación por el plazo de 45 días que establece el proyecto pampeano para los reclamos, al recordar un fallo judicial en la provincia de Buenos Aires que declaró inconstitucional un plazo de 90 días. “Estamos frente a una ley que no beneficia al sector trabajador, y tampoco a los empleadores; los únicos favorecidos son los grupos aseguradores”, concluyó.
Por su parte, Carlos Fernández, asesor letrado de Utelpa, calificó el texto del proyecto como contradictorio, ya que “por un lado sostiene que busca garantizar los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo persigue disminuir la litigiosidad, cuando en realidad ambos objetivos no son compatibles”. El abogado alertó que la adhesión a la normativa “consolida la privatización de la salud laboral” y “vulnera el principio de reparación integral frente a un daño”. Finalmente, reflexionó: “El único patrimonio que tiene un trabajador es su fuerza de trabajo. Si una enfermedad o accidente afecta esa capacidad, la ley debería protegerlo, no condicionar su reclamo”.
