Durante esta pandemia, el 40% de las condenas en la provincia de La Pampa, fueron por causas de violencia de género o doméstica, según un relevamiento realizado por la Secretaría Técnica del STJ, aunque si a ello se le sumaran los abusos sexuales, se superaría el 50%.
Por ello, desde el Bloque de la UCR proponemos por LEY, que, aquellas personas condenada por sentencia firme, en los que cualquier persona sea víctima de violencia contra la mujer por cuestiones de género o por violencia familiar, no pueda ser candidata a cargos electivos provinciales o municipales, ni ser designadas funcionarios públicos, ni ser contratistas del Estado o integrante de los órganos autárquicos o empresas del mismo. Tampoco podrán recibir acuerdo las personas postulantes a magistrados o funcionarios del Poder Judicial.
La autoridad de aplicación de la ley sería el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, o la unidad de organización que en el futuro lo reemplace.
La iniciativa tiene por objetivo, ser una herramienta más, para complementar la erradicación de la violencia, dentro de las políticas públicas que viene llevando adelante el Estado provincial. Es un mecanismo para impedir que las personas violentas se desarrollen en ámbitos públicos con total inmunidad, o dicho de otra forma, para que el Estado no sea cómplice de las personas violentas.
En este sentido, es dable destacar, que existe derecho comparado en la materia, en el concierto de estados provinciales que constituyen nuestro Nación. Así, se puede citar la Ley 2809 de la provincia de Chaco; la Ley 3595 de la provincia de Santa Cruz, la Ley 3233 de la provincia de Neuquén por la que crea el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género; o la iniciativa presentada en la Legislatura de Córdoba para crear el Registro Provincial de Personas Violentas que estaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
«Estamos convencidos, que la eliminación de la violencia contra la mujer por cuestiones de género es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, tal como lo demuestra la reciente Ley aprobada por unanimidad por esta Cámara de representantes, por la que se crea la paridad entre mujeres y hombres en cargos de representación», argumentaron en el proyecto.
Asimismo, la iniciativa propone invitar a sumarse a la misma, a las cámaras empresarias, colegios y consejos profesionales, para que instituyan en caso de ser aprobada, la solicitud de certificado de no inscripción en el Registro Único de Personas Violentas como antecedente laboral.
«Para frenar la violencia es necesario que nos involucremos», concluyeron.
