La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) presentó un proyecto de resolución solicitando que el Decreto 2103/25, referido a la regulación de deudas de las Cooperativas Eléctricas de La Pampa, quede supeditado a la presentación de información técnica, financiera y comercial verificable, acompañada de planes de inversión y proyecciones de calidad de servicio.
Además, la iniciativa reclama la conformación de una Mesa de Monitoreo y Seguimiento para garantizar el cumplimiento de los convenios, integrada por representantes del Poder Ejecutivo —Secretaría de Energía y Minería y Administración Provincial de Energía (APE)—, del Poder Legislativo, de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales, de la Dirección General de Defensa del Consumidor, de asociaciones de usuarios y de la FEPAMCO.
El propósito central es que cada entidad aporte balances auditados, inversiones realizadas en los últimos cinco años, planes proyectados, estructura tarifaria, costos operativos, indicadores de calidad del servicio (frecuencia de cortes, tiempos de respuesta a reclamos y planes de contingencia), subsidios recibidos, destino de excedentes si los hubiera, además de datos sobre consumos, deudas y planes de pago de los usuarios.
La Mesa tendría como misión supervisar los compromisos asumidos, elaborar recomendaciones a las cooperativas y publicar informes semestrales de acceso público, reforzando la transparencia y el control institucional.
El decreto del Ejecutivo establece: plazo máximo de 120 cuotas mensuales, interés del 1,5% mensual sobre saldos (más IVA y percepciones de corresponder), inclusión de deudas vencidas al 30 de septiembre de 2025 y un anticipo mínimo del 20%.
En caso de incumplimiento, APE aplicará la tasa de interés del Banco de La Pampa para préstamos financieros a 180 días, con la posibilidad de elevar las actuaciones a la Fiscalía de Estado para su cobro judicial. También habilita a otorgar financiamiento a quienes ya cuentan con convenios en curso y a suscribir nuevos acuerdos con cooperativas que aún no regularizaron su deuda.
Cuadrado fue enfática: “No estamos en contra de la medida del Ejecutivo. Es una herramienta más para asistir a las cooperativas frente al déficit que atraviesan, producto del aumento del precio de la energía en el mercado mayorista y la difícil situación económica. Pero debe aplicarse bajo condiciones claras”.
La legisladora recordó que en 2022 ya se habían firmado convenios de regularización a 120 cuotas con una tasa anual del 18,25%, bajo el sistema de amortización francés, y que pese a ello, según datos oficiales, al cierre de 2024 la deuda de las cooperativas con APE superaba los 9.000 millones de pesos. Subrayó también que la propia APE admitió no realizar auditorías externas sobre la gestión del servicio eléctrico, limitándose a recibir declaraciones juradas de las entidades.
“No puede haber salvatajes financieros con fondos públicos sin información, sin planes de inversión ni compromisos de mejora en la calidad del servicio. Los usuarios tienen derecho a saber en qué se aplica cada peso de su factura. Es obligación de las cooperativas brindar información completa y del Estado crear mecanismos de supervisión efectivos”, señaló Cuadrado.
Por último, indicó: “La Pampa es una de las pocas provincias que no registra deudas con CAMMESA. Cada retraso de las cooperativas con la provincia se cubre con fondos públicos, lo que obliga a contar no solo con datos transparentes, sino también con un seguimiento riguroso de cada convenio, generando recomendaciones que fortalezcan la política energética, las inversiones y la calidad del servicio, garantizando los derechos de los usuarios y de toda la ciudadanía pampeana”.
