En una audiencia de debate oral realizada en la Sala 1 de la Oficina Judicial de General Pico, presidida por el juez de Audiencia Carlos Federico Pellegrino, dos efectivos policiales del puesto caminero Chamaicó (La Pampa) fueron acusados de tentativa de cohecho contra la Administración Pública.
Se trata de Alfredo Reynaldo Agüero y Gabriel Paulino Martínez, quienes habrían solicitado una suma de 250 mil pesos a un ciudadano para permitirle continuar su viaje con un colectivo que presentaba la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en condiciones irregulares.
Según lo expuesto durante el juicio, el fiscal Matías Juan describió de manera detallada la presunta conducta ilícita: ambos policías habrían exigido una transferencia de dinero al señor Ayala —testigo principal en la causa— a cambio de omitir la infracción correspondiente.
De confirmarse la acusación, la Fiscalía considera que la maniobra se enmarca en la figura de tentativa de cohecho, por lo que solicitó un año de prisión en suspenso. Si bien esta pena no implicaría el ingreso efectivo a prisión, los acusados quedarían inhabilitados de manera perpetua para desempeñarse como policías en la provincia de La Pampa y además deberían fijar domicilio, sin poder modificarlo sin autorización judicial durante dos años.
El hecho
El hecho denunciado ocurrió el 16 de febrero de 2024, entre las 19:15 y 19:30 horas, cuando el damnificado, José Luis «Lito» Ayala, circulaba por la Ruta Nacional 188 a bordo de un micro cargado de equipos de sonido, desde la localidad de Realicó hacia la ciudad puntana de Buena Esperanza. En el Puesto Caminero fue detenido por los dos uniformados, que le detectaron una supuesta infracción y, para permitirle seguir camino sin hacerle una multa de 600.000 pesos, le pidieron que girara a un CBU entre 200.000 y 250.000 pesos.
Los efectivos le dijeron que lo dejarían circular pero más tarde se comunicarían con él para pasarle los datos de la cuenta donde debía depositar la coima, con cuyo pago no solo zafaría de la boleta, sino que también obtendría una especie de «pase libre» a futuro.
Efectivamente, cuando el hombre llegó a su destino laboral recibió el CBU en su teléfono. Sin embargo, lejos de acceder al pedido de dinero, cuando regresó a General Pico le comunicó lo sucedido a la comisario Fileni y luego efectuó la denuncia en la Justicia, en la que aportó las pruebas que tenía.
La Fiscalía acusó a los dos policías por el delito de «cohecho en grado de tentativa», para pedir sobre el final del debate una pena de un año de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Alegatos
El fiscal Juan señaló en la apertura del juicio que «con relación al acusado José Gabriel Paulino Martínez, se le endilga que en su condición de funcionario público provincial, con el cargo de agente y desempeñándose en el Puesto Caminero Chamaicó, haber solicitado al señor José Luis Ayala (domiciliado en Realicó) que entregara o pusiera a su disposición la suma de 250.000 pesos, a transferir desde la cuenta de Ayala a la cuenta del imputado, que este le facilitó por mensaje de WhatsApp de su línea personal a la de Ayala».
Y agregó que «ese pedido fue a condición de que, si le pagaba, Ayala podía seguir transitando en su colectivo con el que viajaba desde Realicó a Buena Esperanza, provincia de San Luis, pese a que Ayala no podía justificar con documentación pertinente la realización de la Verificación Técnica Obligatoria».
Acusó luego al sargento primero Alfredo Reinaldo Agüero de haber pedido la coima, que sería transferida al CBU de Martínez.
El fiscal encuadró el caso en «cohecho en grado de tentativa» y consideró a los dos uniformados como coautores, a pesar de que «el hecho no llegó a consumarse por voluntad ajena a los coimputados, porque Ayala, al haberse rebelado a lo que le pedían por entender que tenía todo en regla para circular, no hizo entrega del dinero».
Durante la audiencia también prestaron testimonio otros testigos propuestos por la defensa de Martínez, entre quienes se destacó la comisario general jefa de la regional, Vanina Fileni. Por su parte, los defensores de los imputados negaron la existencia de un hecho delictivo y reclamaron la absolución, alegando que “no existen elementos suficientes para condenarlos”.
La lectura de la sentencia se realizará el 4 de abril a las 12 horas. En esa oportunidad, el juez Pellegrino resolverá si hace lugar al pedido de la Fiscalía o si dicta la absolución de los efectivos policiales. Según la Fiscalía, hay pruebas que demuestran que “el ofrecimiento de parte de los dos policías existió y fue claro.”
(Puesto caminero Chamaicó- Foto ilustrativa)
