Una subcomisaria de la Policía de La Pampa presentó una denuncia penal contra un Comisario Inspector por presuntas conductas de acoso sexual y abuso en el ámbito laboral, en un contexto de relación jerárquica y asimetría de poder dentro de la estructura policial.
La denuncia fue formalizada ante la Justicia y encuadra, prima facie, en el artículo 119 del Código Penal (abuso sexual simple), sin perjuicio de la calificación legal que determine el Ministerio Público Fiscal durante la investigación.
Según el escrito presentado, los hechos se habrían iniciado a fines de 2023, cuando la denunciante solicitó licencia psicológica tras atravesar un cuadro de afectación emocional. En su condición de personal profesional, el seguimiento institucional no fue realizado por el área de Servicio Social —como ocurre con otros agentes— sino por un profesional designado por Jefatura.
La denunciante sostiene que fue durante ese período, caracterizado por su situación de vulnerabilidad emocional y dependencia funcional directa, cuando comenzaron conductas de acercamiento físico indebido, invasión del espacio corporal y comportamientos de connotación sexual sin consentimiento.
Los hechos habrían ocurrido dentro de dependencias policiales de Jefatura, en Santa Rosa, en un contexto donde el denunciado ostentaba simultáneamente autoridad jerárquica y rol profesional en el seguimiento psicológico, lo que —según se plantea— configuraba una doble asimetría de poder.
De acuerdo con la denuncia, durante 2025, cuando el Comisario Inspector denunciado fue trasladado a la misma Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia donde se desempeñaba la subcomisaria, se habrían producido nuevos episodios de naturaleza invasiva.
La denunciante describe acercamientos por detrás mientras realizaba tareas administrativas, reducción deliberada de distancia interpersonal, contacto corporal no consentido y miradas insistentes hacia partes íntimas de su cuerpo.
Sostiene que estos comportamientos no fueron hechos aislados, sino reiterados, y que el contexto jerárquico generó inhibición, temor y condicionamiento para denunciar de inmediato.
La presentación judicial no se limita a hechos individuales, sino que describe un clima laboral hostil dentro de la estructura policial durante 2025, caracterizado —según la denunciante— por presiones, trato desigual, exigencias irrazonables y decisiones administrativas que afectaron su posición jerárquica.
Se menciona la participación de otros superiores en decisiones que habrían alterado el orden jerárquico reglamentario, así como insinuaciones respecto de consecuencias negativas ante el ejercicio de derechos laborales.
La denunciante sostiene que este entorno institucional explica la demora en denunciar y refuerza el contexto de subordinación en el que se habrían producido los hechos.
El escrito adjunta informes psicológicos que describen síntomas de ansiedad persistente, angustia, insomnio, crisis de ansiedad y deterioro emocional, cuadro que derivó en tratamiento psiquiátrico y licencia médica.
La profesional que asiste terapéuticamente a la denunciante dejó constancia de que el ámbito laboral se presentaba como un espacio de hostilidad y desvalorización profesional, impactando negativamente en su estabilidad emocional.
Se ofreció prueba documental y testimonial, incluyendo la citación de personal que compartía el espacio laboral.
La denuncia solicita que los hechos sean investigados bajo la figura de abuso sexual simple (art. 119 CP), amenazas (art. 149 bis CP) y eventualmente abuso de autoridad (art. 248 CP), con aplicación de perspectiva de género conforme la Ley 26.485, la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.
Se pidió la apertura de la investigación penal preparatoria y la adopción de medidas de prueba para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Investigación en curso
Hasta el momento no se informó oficialmente sobre imputaciones formales ni medidas cautelares respecto de los denunciados. Corresponderá ahora al Ministerio Público Fiscal avanzar con la investigación y determinar la veracidad de los hechos denunciados.
El caso reviste gravedad institucional por tratarse de presuntas conductas cometidas dentro de la estructura policial, en un contexto de jerarquía y subordinación funcional.
La presunción de inocencia rige plenamente para los mencionados hasta tanto exista una resolución judicial firme.
