En el marco de la investigación por una presunta estafa a una empresa de Rancul, las partes —Ingaramo y Lanser— llegaron a un arreglo privado. “Se pusieron de acuerdo en la distribución de la hacienda y pidieron la suspensión de la prueba”, explicó el fiscal Armando Agüero.
Inmediatamente, se solicitó al juez de control el levantamiento del secuestro y cada productor se llevó su parte de los animales, algunos regresando a Rancul y otros con destino a campos de los compradores.
El Fiscal General aclaró por qué la Justicia permite este tipo de resoluciones. Se trata del principio de oportunidad, aplicable en delitos estrictamente económicos donde no existe violencia contra las personas.
“El Código Penal invita a que, si se repara el perjuicio a la víctima al 100%, no tiene sentido seguir con la investigación”, señaló Agüero, diferenciando este caso de aquellos donde hay violencia física o de género, donde el Estado no puede desistir de la acción penal aunque haya dinero de por medio.
Al tratarse de una cuestión patrimonial, y habiendo conformidad plena de los damnificados, la causa penal se archiva, cerrando así uno de los capítulos judiciales más resonantes de las últimas semanas en el norte pampeano.
El fiscal general de la Segunda Circunscripción, Armando Agüero, confirmó que el entendimiento entre las partes permitió cubrir la totalidad del daño económico sufrido por la empresa de Rancul. «Estando la hacienda secuestrada, las partes se pusieron de acuerdo respecto del porcentaje de distribución de los animales: una parte se liberó para Lanser y la otra quedó en manos de Ingaramo (titular de la firma denunciante)», explicó el funcionario judicial.
A través del acuerdo, se produjo la restitución de hacienda. De los 1.066 vacunos secuestrados hace una semana, una parte regresó al feed lot de Córdoba y el resto permaneció bajo propiedad de la firma pampeana.
La presunta estafa investigada
La causa se remonta a mayo de 2025, cuando la empresa de Rancul denunció haber sido estafada con cheques sin fondos por la entrega de más de 1.100 animales. Los principales imputados, Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, cumplieron prisión domiciliaria por el hecho.
La hacienda fue rastreada durante meses hasta ser localizada en diciembre en el predio ferial de Lanser en Córdoba. Aunque el consignatario siempre negó haber encubierto la maniobra, el secuestro de los animales fue la pieza clave que forzó la negociación y el posterior acuerdo que hoy pone fin al conflicto.
Incluso el abogado de Lanser dijo que el empresario tenía todos los comprobantes de los animales y acusó al fiscal Matías Juan de realizar mal el operativo, en el que los trabajadores de Lanser intentaron negarse al procedimiento. Sin embargo, cuando concurrieron a los Tribunales de General Pico, el empresario se negó a declarar y solo escuchó la acusación fiscal. Pocos días después, accedió al acuerdo para cerrar la investigación.
Fuente Infopico
