Tas dos años de búsqueda, ayer por la tarde atraparon en una ciudad de Paraguay a un prófugo condenado por un abuso sexual cometido en Santa Isabel. La fuga del hombre había sido duramente cuestionada por la Querella del caso, porque la Justicia pampeana le permitió esperar la sentencia firme en libertad.
Se trata de Rafael Mario Fernández (44), quien fuera condenado por someter sexualmente en reiteradas oportunidades a una niña de 13 años, hija de su pareja.
El juez Marcelo Pagano lo sentenció a diez años de prisión por los delitos de «abuso sexual simple, agravado por la guarda como delito continuado», y «abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda». El fallo se dio a conocer el 9 de septiembre de 2022, pero al hombre se le permitió seguir todo el proceso en su contra en libertad y tras la sentencia se fugó.
Ayer por la tarde una delegación policial lo detuvo en la ciudad de Presidente Franco, Paraguay, en el límite con Argentina y Brasil. Trabajaba en una panadería en horas de la tarde, donde se lo capturó sin que prestara resistencia, según detalló El Diario.
La Brigada de Investigaciones de Pico lo buscó durante dos años, hasta que algunos datos surgidos hace dos meses lo ubicaron en la zona de la triple frontera. A partir de ahí, fueron permanentes los contactos con la Policía paraguaya para establecer la ubicación exacta y aguardar el momento para atraparlo.
Los hechos por los que fue condenado Fernández ocurrieron entre los años 2013 y 2015, tiempo en el cual sometió sexualmente a la hija de su pareja. El debate se llevó a cabo en el mes de agosto de 2022, con la actuación del juez Pagano, la intervención de Enzo Paolo Rangone y Juan Marcelo Cupayolo como fiscales, la letrada Camila Virginia Aimar en representación de la querellante particular y la defensa de Juan Carlos de ja Vega.
El 9 de septiembre Pagano dio por probados los hechos y lo condenó a diez años de prisión, pero Rafael Fernández abandonó Santa Isabel y días después se libró el pedido de captura.
«Es inentendible la actuación de la Justicia en esta causa», aseguró tras la fuga la abogada Camila Aimar, quien representó a la madre de la víctima. La letrada había hecho diversas presentaciones para que el imputado aguardase la sentencia con prisión preventiva, postura que la Fiscalía no acompañó y los jueces actuantes no concedieron.
«No se entiende por qué en ninguna etapa del proceso y pese al reiterado pedido de la parte querellante nunca se hizo lugar y no se le aplicó esta medida a Fernández», indicó la profesional en ese momento.
La abogada sostuvo además que «tanto Fiscalía como el órgano jurisdiccional estaban al tanto de que Fernández es camionero, que sale de la provincia en reiteradas oportunidades por motivo de su trabajo, siendo sus destinos habituales las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Mendoza (siendo esta última limítrofe con otro país). Y conforme avanza el proceso, los peligros procesales se agudizan, puntualmente el peligro de fuga».
En cada etapa del proceso, la parte querellante «solicitó la aplicación de esta medida de coerción, y jamás se le hizo lugar, Fiscalía no acompaño nunca en el pedido», reprochó.
Y remarcó que «nunca se respetó tanto el derecho del imputado. Hacen uso desmedido de la prisión preventiva, y en casos que realmente amerita la aplicación, no la aplican. No hay un criterio», consideró Aimar.
