En la mañana de hoy, personal policial de la Comisaría de Ingeniero Luiggi, bajo las órdenes del Subcomisario Córdoba, llevó a cabo un allanamiento en el Concejo Deliberante local.
El procedimiento se realizó alrededor de las 11 horas, en cumplimiento de una orden emitida por la jueza de Control, María Jimena Cardoso, a solicitud del fiscal adjunto, Matías Juan.
La medida judicial se enmarca en una investigación iniciada el pasado 24 de febrero de 2025, a raíz de la denuncia presentada por los concejales Gorordo, Calderón, Muñoz e Ingaramo contra el presidente del cuerpo deliberativo, Daniel Aliberti.
Los ediles lo acusan de falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de una resolución, con fecha del 4 de diciembre de 2024, que habría distorsionado lo acontecido en la sesión del día anterior, 3 de diciembre.
Según la denuncia, en esa sesión se votó por mayoría calificar como “graves” determinadas presuntas transgresiones del intendente Gustavo Salvadori—vinculadas con cheques rechazados y la omisión de declarar su participación en una sociedad comercial—y se resolvió conformar una comisión especial para investigar su conducta. Sin embargo, en la resolución firmada por Aliberti, se habría consignado falsamente que los concejales “no describieron los hechos ni los calificaron como graves”, lo que motivó la presentación de los audios y la denuncia formal ante la Fiscalía.
Durante el allanamiento, se secuestró el original del libro de actas de sesiones del Concejo Deliberante, donde constaría el acta de la sesión en cuestión, así como la resolución presuntamente falsa en su contenido.
Ambas pruebas serán analizadas por la Fiscalía General, que encabeza la investigación, para determinar la veracidad de los hechos denunciados y la posible responsabilidad penal del presidente del Concejo, según consignó Infopico.
Por el momento, las autoridades judiciales mantienen reserva sobre el curso de las actuaciones, y se espera que en los próximos días se realicen nuevas diligencias para esclarecer la presunta manipulación de documentos oficiales. Desde la Fiscalía General se informó que se continuará recabando pruebas y testimonios antes de resolver la situación procesal de los involucrados.
