El gobierno de La Libertad Avanza se prepara para votar este miércoles 8 de abril la sanción definitiva de una modificación regresiva de la Ley de Glaciares.
La media sanción se consiguió en el Senado el 26 de febrero, con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Y entre los votos a favor hubo también dos senadores de Unión por la Patria, Uñac de San Juan y Corpacci de Catamarca.
¿Qué cambios quieren realizar a la Ley de Glaciares?
Lo fundamental es que cada provincia pueda decidir qué glaciar proteger… y cuál no.
Los gobernadores van a definir quién es la autoridad competente para decir si un glaciar no tiene o no “relevancia hídrica”.
Pero los glaciares no funcionan de manera aislada. Forman parte de sistemas hídricos complejos, de cuencas que están interconectadas. Y desde la hidrología está estudiado que lo pasa en la parte alta de una cuenca —como intervenir un glaciar— impacta directamente en los ríos, en la cantidad y calidad del agua, y en las poblaciones que viven aguas abajo.
Según expertos, en años de sequía, los glaciares pueden aportar más del 40% del caudal de los ríos andinos. Por eso se los considera reservas estratégicas de agua.
Entonces la pregunta es: ¿relevancia hídrica para quién?
Porque si una provincia decide avanzar sobre un glaciar, puede afectar no solo a su territorio, sino a provincias vecinas. El agua no reconoce fronteras.
Y además, los glaciares también cumplen un rol clave en el clima regional. Su degradación no es solo un problema local sino que agrava la crisis climática.
Se calcula que al menos 7 millones de personas de 12 provincias se verían afectadas de manera directa… y muchas más de forma indirecta.
Y esto no es algo hipotético. Ya lo vimos.
En proyectos megamineros como Pascua-Lama en San Juan o La Alumbrera en Tucumán, las consecuencias fueron claras: intoxicación y contaminación del agua, pérdida de fauna, deterioro de ecosistemas y expulsión de comunidades. Esto implica que otras producciones económicas, sociales y poblaciones se ven vulneradas.
Frente a todo esto, el gobierno intentó legitimar la reforma convocando a una audiencia pública. Y pasó algo inédito. Se anotaron más de 100 mil personas de todo el país. Un récord absoluto. Pero el gobierno censuró la participación: dejaron hablar a menos de 200.
Así y todo, de quienes pudieron hablar, la enorme mayoría se manifestó en contra de la modificación. Entre los pocos que hablaron a favor… había personas que ni siquiera estaban inscriptos. Escandaloso por todos lados. Fue una puesta en escena. Y ni siquiera lo disimulan.
El gobierno está quizás en su peor momento político y cada vez con menos capital político, pero no está solo, el pedido de la modificación viene de los gobernadores de la Mesa de Cobre y Litio que se van a hacer presentes en el congreso en un plenario informativo el día 7.
Allí van a participan: Raúl Jalil de Catamarca. Marcelo Orrego de San Juan, Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, Carlos Sadir de Jujuy. Los gobernadores van a defender sus propios negociados con las mineras y los legisladores votan estas leyes siendo directamente empleados de las mineras como la Flavia Royón del peronismo salteño que fue denunciada penalmente por abogados ambientalistas por estar de los dos lados del mostrador.
Los principales beneficiarios son grandes fondos de inversión internacionales, como BlackRock o Vanguard, que están detrás de las grandes mineras y también tienen bonos de la deuda. Nos atan con la deuda… y después usan esa misma deuda para justificar la profundización del saqueo y la dependencia.
El argumento es que de esta manera nos vamos a desarrollar y que esto trae empleo. Y no es cierto. Un proyecto minero grande puede prometer, en el mejor de los casos, unos pocos miles de puestos de trabajo en la fase de construcción. No son un millón de puestos de trabajo, a lo sumo 10 mil.
En Argentina hay más de un millón de personas sin acceso a vivienda, y millones viviendo en condiciones de hacinamiento. Un plan de obra pública que aborde apenas el 10% de ese déficit podría generar más de 100 mil puestos de trabajo. Diez veces más que la megaminería.
Entonces no es la única alternativa. Y tampoco es por los puestos de trabajo. Porque si algo viene mostrando este gobierno es que su política económica va en dirección contraria: más ajuste, más despidos, más precarización. El extractivismo no es una salida laboral para las mayorías, es justamente un proyecto que va en contra de nuestro ambiente, salud y también contra las y los trabajadores.
La pelea por el ambiente no está separada de la pelea por llegar a fin de mes. Es la misma lucha y potenciar todas las luchas que se enfrentan al gobierno es clave. La vemos en la universidad, en la salud, en los jubilados, en los trabajadores en lucha como FATE.
Y si algo mostró el 24 de marzo es que hay fuerza social para enfrentar estos ataques. El miércoles 8 de abril, día que se vota, el desafío es ese: conectar las luchas y construir una gran jornada nacional porque ¡el agua vale más que todo y la ley de glaciares no se toca!
