Tensión, desafío a los jueces del tribunal y críticas a Comodoro Py y el gobierno de Macri: crónica de la indagatoria de Cristina Kirchner

“Este tribunal seguramente tiene la condena escrita y lo va a hacer. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar”, les dijo Cristina Kirchner a los jueces en un tono encendido, como en sus discursos políticos, recreando una frase que hizo famosa Fidel Castro cuando lo juzgaron por el asalto al cuartel Moncada en 1953. Así, la vicepresidenta electa cerró su indagatoria en el juicio oral por la obra pública, uno de los momentos más tensos de las tres horas y media que duró la audiencia.

Mientras el público la aplaudía, Cristina Kirchner se levantó del estrado donde declaró, dando por cerrada su exposición, y volvió a su asiento sin que nadie la autorizara. “No respondió si va a contestar preguntas”, le advirtió al tribunal el fiscal Diego Luciani –que tenía preparadas 150 preguntas–. El juez Rodrigo Giménez Uriburu justificó esa situación en el ruido de los aplausos y volvieron a consultarle. Fue así que, más envalentonada que antes, Cristina Kirchner volvió sobre sus pasos, tomó el micrófono y dijo: “¿Preguntas?, preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

Fue un momento teatral, que dejó a todos los presentes atónitos. Pero la escena no pareció ajena a lo que se vivió desde las 9:37 de la mañana, cuando Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py con su custodia y un puñado de militantes la esperaban por el ingreso lateral por el que accedió al edificio. Hasta ahora, las veces que había tenido que ir a tribunales había sido como ex presidenta y senadora nacional, desfilando en indagatorias o notificándose de procesamientos o embargos. Esta fue la primera vez que hablaba en indagatoria, frente a todos los que quisieran escucharla, y a una semana de volver al poder, como vicepresidenta y en un juicio oral.

Vestida con un saco blanco y un pantalón negro, el pelo suelto y gesto serio, Cristina ingresó a la sala de audiencias y se sentó en la última fila con su abogado, Carlos Beraldi. Desde más temprano comenzaron a llegar ex funcionarios, legisladores y referentes sociales para acompañarla. Entre el público estuvieron el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el ex secretario general de la Nación y electo senador Oscar Parrilli, los legisladores Juan Cabandié, Jorge Taiana y Mariano Recalde, la electa intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, madres de Plaza de Mayo y el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel. Todos los ex funcionarios de su círculo más cercano, no así los más allegados al presidente electo, Alberto Fernández.

Los jueces Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso entraron a las 9:52 a la sala de audiencias. Primero leyeron el rechazo a un nuevo pedido de la defensa de Cristina Kirchner a que se transmita la audiencia. A las 10:01, Cristina se sentó en el estrado. “Sí, voy a declarar. Oportunamente contestaré preguntas”, fue lo primero que dijo. En la sala de audiencias había solo dos de los restantes 12 acusados del caso, Abel Fatala y Nelson Periotti. No pidieron estar el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez.

A partir de ese momento fueron tres horas y media en las que no declaró como acusada, sino como acusadora: criticó a parte de los jueces y fiscales de Comodoro Py que iniciaron e impulsaron denuncias en su contra, decididas –dijo– por la mesa judicial de Mauricio Macri y poniéndose como ejemplo viviente del “lawfare” aplicado en la Argentina. “Este fue un plan ordenado por el gobierno saliente”, dijo. En sus palabras, se necesitaba hacer ver a Néstor Kirchner y luego a ella como ladrones que saquearon las arcas del Estado para que la administración de Macri pudiera abrirle las puertas al Fondo Monetario Internacional.

Después de hablar de las figuras jurídicas y de explicar cómo funciona la administración pública, Cristina Kirchner además desechó la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita que le otorgó de manera irregular 51 obras públicas al empresario Lázaro Báez. Tras asegurar que el propio juez Julián Ercolini –quien la investigó por el caso–, durante su gobierno, había mandado una causa anterior a Santa Cruz, luego cambió de criterio, la ex jefa de Estado avanzó en la embestida diciendo que el juez terminó enfermando a su hija Florencia. Con ironía, aludió a su nieta, Helena, como una visionaria de lo que es capaz la administración macrista, cuando recordó que jugando la nena dice “hasta el infinito y más allá”. “Si alguien tenía alguna duda de la existencia del lawfare en la Argentina, la lectura que acaba de hacer el presidente de este tribunal en donde se nos niega transmitir en vivo y en directo la declaración es una clase práctica. El lawfare es la articulación de los medios de comunicación y del Poder Judicial para perseguir a dirigentes y líderes políticos de los gobiernos», dijo. Fue entonces cuando fue ella, desde el banquillo de los imputados, la que interrogó al presidente del tribunal.

“¿Cuántas audiencias hubo, señor presidente, para transmitir la acusación en vivo?”, le espetó.

“Doctora, no tendría problema en responder a su pregunta pero estamos en su indagatoria”, le dijo Rodríguez Uriburu, después de un momento de silencio. Justo a Rodríguez Uriburu que había votado por la transmisión en vivo, en minoría.

Mirando a la audiencia, la propia Cristina respondió: “Acá me dice un abogado, hubo cinco audiencias completas, cinco días completos que fueron transmitidos en vivo y en directo” hechos “con estas cámaras que en los pasajes más escabrosos del guión fiscal apuntaba a mi cara. Esto es el lawfare, que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente ni que han sido probados, ni que constituyen un delito para conformar una opinión pública, de modo tal que los jueces no tengan más remedio que condenar”.

Esas palabras de Cristina fueron solo el comienzo. Recordó cómo ella dejó el gobierno, cuando “se presionó” a una jueza, María Servini, para determinar que su mandato finalizaba el 9 de diciembre de 2015, a las 12 de la noche, “cual Cenicienta”, y “quedó la leyenda” de que “no quiso entregar los atributos de poder a Macri”. Afirmó que el primer acto administrativo del entonces director de Vialidad, Javier Iguacel, fue ordenar investigar la obra pública concedida a Lázaro Báez en Santa Cruz. Con citas al Papa y hasta al relator de la ONU que habló de un plan sistemático para presionar jueces, la vicepresidenta electa disparó munición gruesa sobre los titulares de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso; y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, los dos organismos que se constituyeron en querellantes o aportaron pruebas claves en las denuncias en su contra. De Laura Alonso señaló que se modificó un decreto para nombrarla sin ser abogada; de Federici, que venía del HSBC, “una entidad financiera que ha sido perseguida internacionalmente por lavado de dinero”. “Podemos hablar del rol de la AFI, de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; la causa de Dolores (sobre el caso D’Alessio) es muy interesante, debiera este tribunal tomarla en cuenta”, sugirió.

Habló de los nombramientos de jueces y del rol del Consejo de la Magistratura en donde –dijo– “faltó encerrarlo en un baño” a un consejero “para que se tuvieran los votos suficientes para destituir a un colega de ustedes”, en clara alusión al camarista Eduardo Freiler. También disparó sobre la incorporación de dos jueces que llegaron a la Cámara Federal, cuyos nombres –dijo– “voy a omitir”, en referencia a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Otro de los focos de su ataque estuvo en la llamada “mesa judicial”.

“Me llama la atención que jueces tan sensibles a otras cosas no hayan observado eso. Así es el gobierno que se va, decide desde una mesa judicial quién iba preso, y quién no. A qué empresario había que apartar para sacarle la empresa. Y después, cuando se enojaron, fueron por más empresarios –afirmó–. Todo esto fue ideado por una feroz e inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos períodos consecutivos por el voto popular”.

“Fue una audiencia tensa”, coincidieron tres fuentes que estuvieron en la sala. Mientras Cristina Kirchner revisaba sus papeles, miraba al fiscal Luciani y a los jueces. Y los interpelaba. “¿Usted es el Dr. Basso, no?”, le preguntó a uno de los jueces. “¿Cuál es su nombre?”, le dijo al fiscal Luciani. “¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la Argentina está acusada de asociación ilícita, de ser la jefa de una banda? ¿En serio les parece que no?, ¿en serio me lo dicen?, ¿en serio?”, les dijo a los jueces sobre la no transmisión de la audiencia. También les preguntó cuántas audiencias llevó la lectura de la acusación del caso. “No lo tengo acá; si no, le contestaría”, le respondió el juez Giménez Uriburu.

Algunos abogados, después de la audiencia, se quejaron del trato que el tribunal le dio a Cristina. “No la interrumpieron nunca y la dejaron hacer lo que a otros imputados no se lo hubiesen permitido”, dijo uno de ellos a Infobae. “Tal vez priorizaron no confrontar a tener una pelea”, analizó otro. Desde adentro de la sala la declaración se siguió con expectativa.

“Sabemos cómo es, fue dos veces presidenta y es vice electa. Por eso sabíamos que teníamos que tener más paciencia que con otros imputados. Pero no hubo nada grave y más allá de cómo estuvo ella el orden se mantuvo siempre”, le explicó a este medio una fuente judicial.

Durante la declaración, algunos funcionarios advirtieron que desde el público les hacían gestos. “Cuando terminaba la audiencia vimos que uno hacía chau con la mano”, contaron.

La declaración no pasó desapercibida para jueces, fiscales y funcionarios del edificio de Comodoro Py. “Por suerte a mí tanto no me pegó. Pensé que iba a ser peor”, dijo uno de los nombrados por la ex mandataria.

Mordaz, la ex presidenta habló de la figura de asociación ilícita (“soy la jefa de cuatro, y en la última ya no por beneficiar a un empresario sino a todos los empresarios de la construcción”), de quienes manejaron sus causas (“qué suerte tengo en los sorteos que siempre me tocaron Ercolini o Bonadio”) y de cómo, a su criterio, se lo presionó al juez Sebastián Casanello para llamarla a indagatoria en la causa de la ruta del dinero K, el único expediente en el que no fue procesada. En ese contexto, la ex jefa de Estado también se enfocó en el titular de la Cámara Federal Martín Irurzun, al que responsabilizó de la doctrina para detener a ex funcionarios. Pero también lo vinculó con la oficina de escuchas judiciales, de la que es uno de sus titulares, que depende de la Corte Suprema, por la difusión de los diálogos que tuvo con su ex secretario Oscar Parrilli y que llegaron a los medios, “cual circo”. “Irurzun te escucha, Irurzun te mete preso”, aseguró.

No fue tampoco casual, para la ex presidente, que las prisiones preventivas se ordenaran en su contra cuando se convirtió en senadora y tuvo fueros. Antes, dijo, ni Bonadio ni Ercolini habían visto en ella riesgos de fuga o entorpecimiento.

“La construcción mediática del Gobierno decía que no puede ir presa porque tiene fueros. Se ampara en los fueros. Títulos de diarios, programas enteros de TV… y todos sabemos que el Gobierno debe haber decidido por alguna razón que no les convenía. Este análisis que hacía esta mesita judicial”, insistió. “Esto pasó en la Argentina. Si esto no es lawfare… Ni que hablar de la persecución a mis hijos, ni qué hablar de la persecución a mis hijos, que cometieron un delito terrible, ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner”.

Calificó de “corsarios judiciales” a los fiscales Gerardo Pollicita e Iganacio Mahiques, quienes tuvieron a su cargo la investigación de la obra pública. Sus dardos fueron directo a los funcionarios judiciales del gobierno de Macri: “Nunca había escuchado que se conformara en un gobierno democrático una mesa judicial integrada por el ministro de Justicia Germán Garavano, por Clusellas, por un tal Torello que también forma parte del elenco gobernante, por Angelici, presidente de Boca; no tengo nada contra Boca, soy de Gimnasia”.

Sobre la causa judicial dijo: “No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez” y aseguró que, de todas maneras, la amistad no es un delito. “No voy a tolerar que si alguien es amigo de alguien hay que condenarlo, eso pasaba en la dictadura”, agregó. También que las obras públicas son aprobadas por el Congreso Nacional en la ley de presupuestos y que las partidas las maneja el jefe de Gabinete. “Sin embargo acá no está citado ningún jefe de gabinete, y no digo que tengan que estar acá. Si es así van a tener que citar al Presidente de la República que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008”, dijo en referencia a Alberto Fernández. Tanto Fernández como los restantes jefes de Gabinete del kirchnerismo –Sergio Masaa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina– están citados como testigos. Incluso se quejó porque la trataban como si ella hubiese podido manejar lo que hacía el Parlamento cuando dijo ni siquiera le habían aprobado “la 125”, la resolución con la pelea con el campo.

“No es la grieta, que se olviden de la grieta, no entienden que son los intereses de los millones de argentinos. Dijeron que nos robamos un PBI. Ellos endeudaron al país con Toto Caputo, con Federico Sturzenegger. Pero para eso había que convencer a los que dimos la AUH y los que subsidiamos las tarifas de que eramos unos chorros, que nos robamos un PBI. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó a un país del FMI, para que vuelva el FMI”, dijo en otro pasaje de alto voltaje.

Cristina terminó de declarar, salió como llegó: por la puerta lateral y en auto. “Cristina no se toca”, le gritaban algunas personas desde una reja.

El juicio continuará el próximo lunes con el inicio de la declaración de los testigos. El primero será el ex diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, uno de los denunciantes de la ex mandataria. La del próximo lunes y la del 23 de diciembre serán las últimas dos audiencias del año del juicio.

Fuente: Infobae