La polémica sobre el trámite que seguirá el proyecto de legalización del aborto en el Senado volvió a escalar ayer, con un nuevo choque.
Como resultado de esas discusiones trascendió que la votación podría llevarse a cabo en la primera quincena de agosto, aunque todavía no hubo un anuncio sobre los plazos.
La discusión siguió girando en torno de la decisión de Gabriela Michetti de girar la iniciativa a cuatro comisiones, lo que fue señalado por los impulsores de la reforma como una maniobra dilatoria.
Para asegurarse de que el Poder Ejecutivo se mantendrá neutral, la diputada de Pro Silvia Lospennato, se reunió ayer con el Presidente. Le manifestó su deseo de que en el Senado sostuviera la postura que mostró la Casa Rosada en Diputados, al margen de las posiciones individuales de algunos funcionarios.
Macri no dio instrucciones. Solo transmitió su inquietud por la regulación de la objeción de conciencia, a partir de los reclamos de clínicas privadas que plantean la necesidad de incluir una cláusula institucional.
Lospennato le respondió que en el artículo 13 del proyecto indica que en casos excepcionales, se contempla la derivación a otro establecimiento.
Mientras tanto, la vicepresidenta, detractora de la legalización, respondió las críticas que le había dedicado el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, por haber girado la iniciativa a las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, y no solo a las dos primeras, como él le había solicitado.
«Giré a cuatro comisiones, igual que se hizo en Diputados», dijo Michetti, vía Twitter. Y agregó: «No hay dilación posible porque las cuatro comisiones trabajarán juntas en plenario. Según nuestro reglamento, la Comisión de Presupuesto es inevitable en todo proyecto con erogación de recursos».
Promotor de la legalización, Pichetto formalizó ayer su reclamo con una nota dirigida a Michetti, en la que volvió a acusarla de «entorpecer» el tratamiento del proyecto, aprobado en Diputados el 14 de este mes, y advirtió que planea llevar la discusión al pleno de la Cámara.
Fuente: La Nación.
