La iniciativa, con buena aceptación entre los presentes, apunta a elevar de cinco a 25 el número de integrantes, con la integración en ese cuerpo de al menos 12 mujeres.
El presidente Alberto Fernández presentó este jueves ante gobernadores y vicegobernadores de 17 provincias un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para elevar de cinco a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la integración en ese cuerpo de al menos 12 mujeres, informaron fuentes oficiales.
El encuentro se realizó por la tarde en el Salón Eva Perón de Casa Rosada, se extendió durante una hora y 10 minutos y contó además con la participación de un legislador provincial que representaba a Salta.
Allí, Fernández les presentó el proyecto que trabajó con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, presentes también durante el encuentro con los mandatarios provinciales.
La propuesta, según trascendió, cuenta con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El jefe de Estado mostró un proyecto «democrático y federal» que prioriza en su conformación que cada una de las provincias esté representada, como también la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, «con un mínimo de 12 mujeres», una iniciativa para la que el Ejecutivo buscará «el aval de todos los gobernadores», con quienes «buscará consensos» para su posterior debate en el Congreso, dijeron las fuentes a Télam.
En la reunión participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Omar Gutiérrez, (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
También asistieron los vicegobernadores Laura Stratta (Entre Ríos), Omar Carlos Arce (Misiones), Roberto Gattoni (San Juan), Carlos Silva Neder (Santiago Del Estero); mientras que por Salta estuvo el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Esteban Amat Lacroix.
En el encuentro con también tomaron la palabra Kicillof, Capitanich, Rodríguez Saá, Ziliotto, Carreras y Gutiérrez.
Rodríguez Saá fue muy elogioso con el proyecto, mientras que Carreras recordó que hay otra iniciativa del senador nacional Alberto Weretilneck -exgobernador de Río Negro- que contempla una Corte de 16 miembros, con la idea de planificar uno en común.
Luego, en conferencia de prensa en Casa Rosada, Capitanich dijo que el proyecto «tiene representación de un miembro por cada cada una jurisdicciones y Estado nacional, con paridad de género y de carácter federal».
Resaltó en ese sentido la letra del «artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, en la cual el Presidente nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes».
El mandatario chaqueño dio ejemplos de la cantidad de miembros en algunos países de la región y contó que «Chile tiene 21, Colombia 23, Costa Rica 21 y Brasil 11», y señaló que en la reunión, a la que calificó de «muy amena», hubo «muy interesantes aportes de cada gobernador para un consenso correspondiente», aunque aclaró que «faltan definir detalles del articulado».
Indicó que en la actualidad «hay una Corte con cuatro miembros varones y con eso se quiebra el principio principio básico de paridad de género», además de tener «una concepción centralista y no federal».
Según Capitanich, el proyecto «va más allá de una confrontación política-partidaria» porque busca «construir un sistema judicial, en su máxima autoridad que es la Corte, plural, federal, con paridad de género y promover especialidades en la materia para garantizar una justicia eficiente» y que sea «superadora de antinomias».
Por su parte, Kicillof resumió: «El Presidente nos convocó para presentarnos el proyecto del Poder Ejecutivo, que coincide en los puntos centrales los que trabajamos los gobernadores».
Y adelantó que el viernes, la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI) «tendrá como objetivo unificar los criterios para seguir adelante».
Rodríguez Saá consideró que «la iniciativa buscará ayudar al país en su sistema judicial, con una Corte que tiene mucho trabajo», en la idea de «facilitar la celeridad procesal» con «un principio de inmediatez».
Recordó que la primera Corte «tenía miembros de San Juan, Mendoza, Córdoba, Corrientes y Buenos Aires», y que luego el máximo tribunal «se ha alejado del sistema federal».
«Mañana (por el viernes) en el CFI vamos a dar a luz el proyecto definitivo con lo que hemos conversado con el Presidente», indicó el gobernador puntano, y refirió que están «muy cerca con un proyecto en común» en el que quieren incluir a «todos los gobernadores», teniendo en cuenta que hoy no hubo representantes de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza y Santa Fe.
Rodríguez Saá aclaró que los actuales cuatro miembros de la corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti, «seguirán en sus funciones y se sumarán al resto».
Mientras, Ziliotto manifestó que el proyecto de los gobernadores «ratifica la coincidencia con el del Poder Ejecutivo Nacional» y consideró que este cambio en «una demanda sociedad» que «exige calidad institucional».
Para el gobernador pampeano, «el objetivo es cómo mejoramos el servicio de justicia, con una Corte federal, ágil, eficiente y con paridad de género», en el cual «el interior profundo participe de las decisiones», y que el máximo tribunal «administre justicia para todos los habitantes de la Argentina».
Destacó la «especialización por salas, o como se quieran denominarlas», para «atacar cada uno de los problemas», y subrayó que la iniciativa «es ampliar derechos».
«En ese camino estamos desde el federalismo, a través de la entidad que nos da el voto popular», puntualizó Ziliotto en relación a «una enorme cantidad de gobernadores» de ponerse «de acuerdo para proponer a otro poder del Estado, a través de diputados y senadores», la búsqueda «de la mejora institucional de la Argentina con la modificación de la actual estructura de la Corte».
LEOPOLDO MOREAU ASEGURÓ QUE LA CORTE SUPREMA ES «UN PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA»
El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau consideró que la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia es «un peligro para la democracia» y la evaluó como un «obstáculo» para la garantía de derechos, al respaldar el proyecto de ampliación de este organismo a 25 miembros, impulsado por el oficialismo.
«Esta Corte se ha constituido como un obstáculo para la ampliación de derechos, el desenvolvimiento del proceso democrático, la ejecución de políticas que favorezcan a los sectores de menores recursos, y una redistribución equitativa de los ingresos. Por lo tanto es un peligro para la democracia», aseguró Moreau en una entrevista para Radio Nacional.
El proyecto en cuestión, que impulsan varios gobernadores, fue presentado por el presidente Alberto Fernández con el objetivo de ampliar el número de jueces que integrarán la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros, con la intención de que estén representadas todas las provincias del país.
Al respecto, Moreau insistió en que la idea está tomando mucha fuerza en el ámbito legislativo y señaló que «el reclamo de los gobernadores le da más volumen», aunque sostuvo que «también hay un reclamo social».
El legislador confió en que sectores de la oposición por fuera de Juntos por el Cambio acompañen esta modificación para «salvar a la democracia de un grave conflicto de poderes».
Por otra parte, dijo que el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, «debería declinar de participar de cualquier decisión judicial que tenga como contrapartida al gobierno del Frente de Todos porque ha manifestado una contundente animadversión» y aseguró que con frases como las que ha dicho confronta «no solo con este gobierno, sino con la historia popular de la Argentina».
Rosenkrantz expuso en una conferencia titulada «Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica», organizada por la Universidad de Chile, donde aseguró que «no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades».
