El gobierno de La Pampa analiza presentarse ante la Corte Suprema para reclamar por el decreto de necesidad y urgencia con el que el gobierno nacional dejó sin efecto los dos artículos del presupuesto prorrogado que garantizaban los giros de fondos a las cajas de jubilaciones de La Pampa y otras doce provincias que en su momento no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
Por ahora, el ministro del Interior, Guillermo Francos, desmintió que vaya a haber recortes en las transferencias que la ANSES e intentó bajar la tensión en un nuevo capítulo de la pelea con los gobernadores. Pero las idas y vueltas en la gestión del presidente Javier Milei son constantes (ver recuadro).
La deuda acumulada a La Pampa, en lo que va del 2024, es de 5.100 millones de pesos. El dinero se destina a cubrir los desequilibrios de los regímenes civil, docente y policial. La diferencia entre las jubilaciones que cobran los agentes de la administración pública pampeana y las jubilaciones nacionales las cubre Nación. Ese dinero lo está cubriendo todos los meses la provincia con fondos propios.
«La deuda del 2024 es de 1.700 millones por mes y vence los días 20, son tres meses, 5.100 millones. Ya mandamos dos cartas documento y seguramente iniciaremos las acciones judiciales«, aseguró el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld ante una consulta de El Diario.
Remarcó la gravedad de la decisión tomada por el presidente Milei porque «por un decreto borran dos artículos de la ley de Presupuesto, sancionada por el Congreso, donde dice que nos tienen que pagar los déficit actualizados».
Los fondos fijados en el presupuesto son adelantos de la compensación que Nación se comprometió a financiar por el déficit de las cajas provinciales. Se trata de una cifra igual al último déficit convenido dividido en doce pagos mensuales. Luego, por lo general con hasta dos o tres años de demora, se acuerda el número final y Nación debe cancelar la diferencia que queda a favor de las provincias. El retraso en la cancelación de esa diferencia, más los tres meses que el gobierno de Milei lleva sin pagar, resultan en el cálculo de los 700 mil millones adeudados a las 13 provincias.
Bisterfeld mencionó que Nación le adeuda a La Pampa las diferencias de los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Durante esos años la provincia recibió los anticipos, pero no se acordó el número final. «El anticipo que está en la ley de Presupeusto que, este año son 1.700 millones por mes, ahora no está más en vigencia con el DNU», informó.
En el DNU publicado en el Boletín Oficial este miércoles el presidente Javier Milei dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establece que la Anses «transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas» y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a «las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)».
La eventual eliminación de las partidas también afectan a otras 12 provincias de distinto signo político: Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.
El gobierno de Santa Fe anunció que irá a la Justicia y calificó la medida como «otra trastrada del Presidente». Córdoba, igual que La Pampa, evalúa el mismo camino.
