El informe actualizado del organismo es alarmante. La cantidad de chicos en situación vulnerable aumentará de 7 millones a 8,3 millones.
Al finalizar 2020 habrá 1,2 millón de pobres más entre los niños, niñas y adolescentes de Argentina en relación al año anterior, según un informe presentado ayer por Unicef que actualiza las estimaciones realizadas en mayo, cuando la organización pronosticaba que 750 mil niños, niñas y adolescentes (NNYA) caerían en esa situación para la misma época, por la pandemia de coronavirus.
Las nuevas proyecciones alertan que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad de chicas y chicos pobres pasará de 7 a 8,3 millones, lo que en términos porcentuales implica que casi el 63 por ciento de los niños, niñas y adolescentes estará en esa condición a fin de año, muy por encima de la estimación del 58.6 por ciento realizada en mayo.
En tanto, se espera que la pobreza extrema crezca de 1,8 a 2,4 millones, afectando al 18.7 por ciento de los NNYA al final del período analizado.
«La pobreza extrema aumenta más en términos relativos, porque se incrementa un 33 por ciento mientras que la pobreza general está aumentando un 18 por ciento, lo que implica que los más afectados por esta situación son los que están en la indigencia», dijo Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef.
No obstante «estos valores cambian significativamente» en función del lugar de residencia, el nivel educativo o de ingresos de los padres, evidenciando las «desigualdades».
Estos datos forman parte del informe «Actualización de la estimación de pobreza infantil» que Unicef elabora sobre la base de datos oficiales del Indec y los nuevos pronósticos de evolución del PBI realizados por el FMI, que en el caso de Argentina prevé una caída de la actividad del 9,9 por ciento, es decir, «significativamente» más alta que la previsión anterior, que era de sólo el 5,7 por ciento; y una recuperación «más lenta» durante el 2021.
Durante la videoconferencia que reunió ayer a una treintena de medios de todo el país, la organización presentó también los resultados de la «Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes» realizada sobre la base de 2.525 encuestas telefónicas a hogares con NNYA de todo el país.
La encuesta muestra que, más allá de la apertura de actividades, de la flexibilización de la cuarentena en parte del país y los programas de asistencia, 2,6 millones de hogares (45 por ciento) tienen sus ingresos laborales reducidos.
Esta persistencia en la reducción de ingresos «no se da por la pérdida de empleo, que sigue estable en torno al 7 por ciento, sino por la disminución de la cantidad de horas de trabajo o de las ventas o changas» al interior de los hogares.
En cuanto al nivel de endeudamiento, la encuesta muestra que el 25 por ciento de los hogares tienen al menos una deuda y que el 15 por ciento tuvo que recurrir a un préstamo o al fiado para comprar alimentos, pero esa proporción aumenta al 25 por ciento si pertenece a barrios populares y al 22 por ciento para los titulares de la AUH.
Además, el porcentaje de hogares que dejó de comprar algún alimento por falta de recursos disminuyó levemente del 28 al 26 por ciento, pero la concurrencia a comedores populares aumentó (pasó del 8 por ciento al 10 por ciento) y mejoró notablemente el acceso: en abril el 8 por ciento de las personas que concurrieron a un comedor reportaron problemas para llegar o retirar viandas, indicador que en julio se redujo al 1 por ciento.
Por otro lado, el informe muestra que Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza ahora al 47 por ciento de los hogares con NNYA frente al 22 por ciento que lo recibía en abril, lo que implica que son 2.8 millones los hogares donde al menos un miembro lo recibe, con un impacto total de 13 millones de personas.
También se incrementó la cobertura de los programas alimentarios -como la tarjeta Alimentar-, que en julio alcanzaron al 36 por ciento de los hogares frente al 19 por ciento en abril.
El especialista aseguró que «el 57 por ciento de los hogares tienen hoy alguna transferencia de protección de ingresos» frente al 40 por ciento de la medición anterior, pero llamó la atención sobre el «error de exclusión» que hace que haya un 20 por ciento a los que les rechazaron el IFE.
La representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, señaló que la continuidad de los programas de protección social «es clave para evitar que más hogares caigan en la pobreza extrema», por lo cual «deben redoblarse los esfuerzos para que ninguna familia en condiciones de vulnerabilidad se quede por fuera».
A 140 días de implementarse en el país el aislamiento social, en julio disminuyó casi 10 puntos porcentuales la población que considera que la cuarentena obligatoria puede evitar el contagio de coronavirus, pasando del 96.2 por ciento en abril al 87 por ciento de julio.
«Son valores todavía elevados, que dan cuenta que el conjunto de la sociedad está valorando la cuarentena de manera positiva», dijo.
En cuanto los controles de salud y vacunación, el 28 por ciento de las familias señaló durante la cuarentena «tuvo que dejar de asistir», y un 40 por ciento de los hogares pudo retomarlos en las regiones donde se flexibilizó.
