Comenzó ayer el juicio oral y público por “malversación de caudales públicos” en la Municipalidad de Caleufú, donde se encuentran acusados el exintendente Carlos Irrazábal, la exviceintendenta Susana Martín y el exsecretario tesorero, José Luis Cisneros.
Los hechos ocurrieron entre fines del 2010 hasta fines del 2011, cuando asumió la Intendencia Oscar Baras y tiempo después denunció el faltante de dinero que, en esta oportunidad, y por lo que hasta el momento se exhibió como prueba, no fue tomado para beneficio propio de los acusados sino que se utilizó para pagar gastos del Municipio, cuando el destino de esos fondos estaba asignado por ley para otro uso específico.
La jueza Paola Loscertales presidió el Tribunal que también integraron Carlos Pellegino y José Luis Bernal (Ad Hoc). El fiscal general Armado Agüero llevó adelante la acusación y también participó como querellante el abogado Silvano Rivero. Los tres imputados son defendidos por Sebastián País Rojo y Francisco Marull.
En el inicio del debate, el fiscal Agüero señaló en su alegato de apertura que “los imputados, en el período comprendido entre el 30 de diciembre de 2010 y el 7 de diciembre del 2011, malversaron de caudales públicos por la suma de 378.535,25 provenientes del Decreto provincial 2934/10 y de la Ley provincial 2625, dándoles un destino distinto al que tenían asignado por ley”.
Explicó al respecto que “una vez recuperados los fondos prestados en los términos de fondos rotatorios para el otorgamiento de préstamos para la financiación de la siembra de girasol y sorgo a los productores agropecuarios afectados por la sequía, no se le dio el destino que determina la Ley 2625 en su artículo 5 inciso b, donde se establece que los recuperos de los préstamos otorgados se destinarán a financiar proyectos ganaderos para productores cuyas producciones se encuentren localizadas en la provincia de La Pampa”.
Y remarcó que “contrariamente a ese mandato legal, dichos caudales fueron destinados al pago de gastos corrientes y de capital del municipio de Caleufú”.
Agüero aclaró que “en el caso de la imputada (Susana) Martín, la acusación que se formula es por el hecho denunciado por el período de tiempo que entre el 3 de octubre del 2011 y el 12 de octubre de 2011, y entre el 17 de octubre de 2011 y el 21 de octubre de 2011, plazos en los cuales la nombrada ejerció el cargo de intendenta municipal por licencia del intendente”.
El fiscal general detalló luego que “la Municipalidad recibió 399.785 pesos. En principio prestó 383.000 pesos, y 16.750 pesos no son prestados e inmediatamente son gastados como gastos corrientes de la Municipalidad. Los 383.000 pesos se prestaron a 22 productores, todo sobre fines de 2010, y durante el 2011 empiezan a recuperar el fondo”.
Y observó finalmente que “desde junio a diciembre de 2011 fueron recuperando el fondo, y en vez de devolverlo a este fondo rotatorio y empezar a represtar este dinero, lo que hacen es desviar esos fondos para gastos corrientes del Municipio durante el 2011 hasta agotar el fondo y todos los recursos de la Municipalidad”.
Defensa
A su turno, el defensor Sebastián País Rojo sostuvo que “esta instancia no hubiese sido necesaria de una correcta lectura de las constancias de las cuestiones, no solo financieras, sino contables principalmente”.
Admitió que “el marco normativo es el que dice la Fiscalía”, pero remarcó que la misma “no incorpora el dato de que las cuestiones de los fondos que se iban a generar y estar destinados a (…), están sujetos a determinadas condiciones. Y esta Defensa a acreditar si esas condiciones se dieron o no y en qué condiciones esos fondos debían o no ser conservados y prestados nuevamente”.
Aclaró luego que “los gobiernos cambian pero el Estado tiene un principio, que es el de su continuidad”. Y remarcó “lo que no señala la Fiscalía es que ingresaron 399.785 pesos producto del fondo, de los cuales 378.000 se prestaron y 378.000 fueron recuperados”.
Argumentó en tal sentido que “en la gestión de Irrazábal y quienes lo acompañaron generaron una partida específica, identificada como cuenta-emergencia. No generaron una cuenta bancaria específica, porque no le fue requerido por la Provincia, tal es así que cuando la Provincia gira esa plata, la gira a la cuenta general. No le pide al Municipio, como en otros casos sí, que genere una cuenta específica. Todo el dinero para los productores salió de la cuenta de Rentas Generales y, al momento de ser recuperado, volvió a la cuenta de Rentas Generales”.
País Rojo aseguró luego que “lo otro que no señala la Fiscalía es que, no al 10 de diciembre de 2011, si no al 31 de diciembre de 2011, porque el Estado tiene una continuidad, en la cuenta municipal, con todas las deudas municipales pagás al momento que se produce el cambio de mandato, había 438.078 pesos. No es que el municipio no tenía la plata, no es que el municipio no podía identificar dónde estaba el dinero, y ni siquiera ningún productor se acercó a pedirlo, pero si lo hubiera hecho, la plata estaba”.
Fuente El Diario
