El Gobierno nacional ya concesionó la Ruta 5, donde está prevista la instalación de un peaje entre Catriló y Lonquimay, y ahora avanza sobre las rutas nacionales 22, 35, 151 y 152. También se proyecta una estación de cobro sobre la Ruta 188, en Bernardo Larroudé.
A la concesión de la Ruta 5, donde está prevista una estación de cobro entre Catriló y Lonquimay, ahora se suma la decisión de incorporar otros cuatro corredores al sistema de explotación privada: las rutas 22, 35, 151 y 152.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1358/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa incorpora nuevos corredores a la Red Federal de Concesiones, mediante la cual empresas privadas podrán hacerse cargo de la explotación, reparación y mantenimiento de las rutas a cambio del cobro de peajes.
Las cuatro rutas incluidas tienen una importancia estratégica para La Pampa. La 35 es uno de los principales ejes de comunicación de norte a sur, mientras que las 22, 151 y 152 son fundamentales para la vinculación con la Patagonia y el transporte de mercaderías, combustibles y pasajeros. Algunas de ellas, especialmente las rutas 151 y 152, presentan un marcado deterioro por la falta de mantenimiento nacional.
La Ruta 5
El avance del sistema de peajes ya tiene un antecedente concreto en La Pampa. El Gobierno nacional concesionó la Ruta 5, cuya explotación quedó a cargo de la empresa Corredor Vial 5 S.A.U., bajo el nombre comercial Pentavía. La concesión comprende unos 547 kilómetros entre Luján y Santa Rosa e incluye una nueva estación de cobro prevista entre Catriló y Lonquimay.
Ruta nacional 188
A ese escenario se agrega la Ruta Nacional 188, donde también se proyecta instalar un peaje en Bernardo Larroudé, en el norte provincial, como parte de otra concesión nacional.
El impacto económico podría extenderse a toda la actividad provincial. Los peajes representarán un gasto adicional para los camiones que transportan cereales, hacienda, combustibles, alimentos y productos industriales. Ese incremento de los costos logísticos podría trasladarse a los precios finales y terminar afectando a los consumidores.
Pero la medida no alcanzará solamente a la producción y al comercio. También a los automovilistas particulares que utilizan las rutas para trasladarse entre localidades por razones laborales, de salud, estudio o cuestiones familiares.
