La decisión del Gobierno nacional de modificar el esquema de distribución de las regalías hidroeléctricas del complejo Los Nihuiles generó fuertes cuestionamientos en distintos sectores políticos de La Pampa. A partir del nuevo decreto, Mendoza pasará a percibir la totalidad de los recursos que hasta ahora se repartían en partes iguales entre ambas provincias.
El Gobierno de Javier Milei oficializó, mediante el Decreto 982/2026, la derogación del régimen establecido en 1973 que disponía la distribución de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles entre Mendoza y La Pampa.
Hasta esta modificación, del 12% correspondiente a las regalías por la generación de energía, un 6% era destinado a Mendoza y el otro 6% a La Pampa. Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, Mendoza comenzó a percibir el total.
La decisión nacional se produce luego de años de reclamos de la provincia de Mendoza, que sostiene que las instalaciones hidroeléctricas se encuentran dentro de su territorio. La posición pampeana, en cambio, se encuentra vinculada a la condición interprovincial del río Atuel y a los derechos que históricamente ha defendido sobre sus recursos.
La Pampa prepara una presentación ante la Corte
Frente a la medida, el Gobierno pampeano adelantó que recurrirá a la vía judicial y prepara una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar la decisión.
El conflicto vuelve a colocar en el centro de la escena la histórica disputa entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel, una controversia que lleva décadas y que ha atravesado diferentes instancias políticas, administrativas y judiciales.
Críticas desde el PRO y la UCR
La decisión también generó repercusiones dentro de sectores políticos que mantienen vínculos o cercanía con el Gobierno nacional.
Desde el PRO, María Alejandra “Marita” Mac Allister, presidenta del Tribunal de Cuentas y quien anunció su intención de competir por la gobernación, manifestó su posición en defensa de los intereses pampeanos.
“Yo soy pampeana, voy a defender los intereses de los pampeanos”, sostuvo la dirigente, quien además relacionó el conflicto por las regalías con la situación del río Atuel.
Mac Allister afirmó que el Atuel es un río interjurisdiccional y sostuvo que los recursos derivados de su aprovechamiento deben ser reconocidos y respetados.
También hubo cuestionamientos desde la Unión Cívica Radical. Legisladores provinciales del partido, entre ellos Hipólito Altolaguirre y Daniel Kroneberger, rechazaron la modificación del régimen de distribución y plantearon que La Pampa debe utilizar todas las herramientas institucionales y judiciales disponibles para defender su posición.
Desde el radicalismo remarcaron además que la medida tendrá consecuencias económicas concretas para la provincia, al significar la pérdida de recursos que integraron durante décadas los ingresos pampeanos.
Berhongaray apuntó también al Gobierno provincial
El dirigente radical Martín Berhongaray coincidió en considerar negativa la derogación del Decreto 1560/73, aunque además dirigió críticas hacia el Gobierno de La Pampa.
Según planteó, el conflicto no se inició con la decisión conocida esta semana, sino que tuvo antecedentes administrativos que se remontan a años anteriores. Berhongaray cuestionó particularmente la falta de información pública sobre el trámite iniciado por Mendoza y sostuvo que la provincia debió haber actuado con mayor anticipación para defender sus intereses.
Una disputa que vuelve a poner al Atuel en el centro
El nuevo escenario reaviva una de las discusiones más sensibles para La Pampa: la defensa del río Atuel y de los recursos asociados a su aprovechamiento.
La normativa que ahora queda sin efecto había sido establecida en 1973 y posteriormente existieron acuerdos entre La Pampa, Mendoza y Nación vinculados con el pago de las regalías. Sin embargo, el Gobierno nacional considera que los antecedentes jurídicos y administrativos permiten modificar el esquema hacia adelante.
El Decreto 982/2026 establece finalmente que las regalías generadas por Los Nihuiles corresponderán en su totalidad a Mendoza, argumentando que la fuente hidroeléctrica aprovechada se encuentra íntegramente dentro de territorio mendocino. La medida comenzó a regir con su publicación en el Boletín Oficial.
Mientras La Pampa prepara su estrategia judicial, el tema promete convertirse nuevamente en uno de los principales puntos de discusión política entre ambas provincias y en un nuevo capítulo de la histórica disputa por el río Atuel.
