En una iniciativa similar a la presentada por algunos legisladores nacionales, los diputados radicales Sergio Pregno, Hipólito “Poli” Altolaguirre y Gisela Cuadrado presentaron en la Legislatura provincial un proyecto de ley que propone establecer un régimen para el aprovechamiento agrícola de determinadas franjas adyacentes a las rutas que integran la Red Vial Provincial.
La iniciativa busca ordenar el uso de esos espacios, generar actividad económica y transformar los ingresos obtenidos en recursos para caminos rurales, cooperadoras escolares y bomberos voluntarios.
La propuesta alcanza exclusivamente a sectores del dominio público provincial que la Dirección Provincial de Vialidad determine técnicamente aptos para la explotación productiva. Quedan expresamente excluidas las banquinas y todas aquellas superficies necesarias para garantizar la seguridad de la circulación, el funcionamiento de la infraestructura caminera y la adecuada prestación del servicio vial.
El proyecto parte de una realidad presente en distintos puntos de La Pampa: existen terrenos contiguos a las rutas provinciales que permanecen sin utilización efectiva o son aprovechados de manera informal. En ámbitos rurales, estas extensiones son conocidas tradicionalmente como “Estancia La Larga”. Frente a esa situación, los legisladores plantean establecer reglas precisas que permitan utilizarlas con fines agrícolas sin alterar su condición de bienes públicos ni comprometer la seguridad vial.
La iniciativa prevé que la Dirección Provincial de Vialidad elabore anualmente un informe en el que identifique la ubicación y extensión de las superficies que pueden destinarse a la producción. A partir de esa evaluación técnica, los municipios y comisiones de fomento que adhieran al régimen podrán otorgar permisos mediante concursos o licitaciones, de acuerdo con la legislación vigente.
Los permisos serán precarios, onerosos y por un plazo máximo de un año, con posibilidad de renovación por períodos iguales. No otorgarán derechos sobre los inmuebles ni generarán expectativas de permanencia, por lo que el Estado provincial conservará en todo momento sus facultades sobre esas superficies. El destino permitido comprenderá la siembra y cosecha de cereales, oleaginosas, forrajes y otros cultivos compatibles con las características de cada lugar.
Otro de los aspectos centrales es la participación de los gobiernos locales. En igualdad de condiciones económicas y técnicas, tendrán prioridad para acceder a los permisos los propietarios o arrendatarios de los inmuebles frentistas y, posteriormente, las entidades de bien público de la jurisdicción correspondiente.
LOS RECURSOS QUEDARÁN EN LAS LOCALIDADES
El esquema establece una distribución específica del dinero recaudado mediante los cánones: el 40% se destinará al mantenimiento de la Red Vial Terciaria, otro 40% a las cooperadoras escolares y el 20% restante a las asociaciones de bomberos voluntarios del ejido correspondiente. Cuando alguna de esas instituciones no exista en la jurisdicción, los fondos respectivos serán derivados a entidades de bien público de esa comunidad.
De esta manera, la propuesta procura que el aprovechamiento de terrenos actualmente ociosos no solamente genere producción, sino que sus beneficios económicos regresen directamente a las localidades y contribuyan al sostenimiento de servicios e instituciones con una fuerte presencia comunitaria.
A su vez, el texto incorpora obligaciones destinadas a preservar el suelo, controlar malezas, prevenir incendios, mantener obras hidráulicas e instalaciones públicas y respetar los accesos a establecimientos rurales. También impide el pastoreo de animales, la colocación de alambrados, la electrificación de esos espacios y las construcciones permanentes.
La Dirección Provincial de Vialidad, junto con los municipios y comisiones de fomento dentro de sus respectivas competencias, tendrá facultades de inspección y control. El régimen contempla además la posibilidad de revocar los permisos y aplicar sanciones ante incumplimientos.
Para Pregno, Altolaguirre y Cuadrado, la iniciativa apunta a compatibilizar tres objetivos: aprovechar de manera responsable bienes públicos actualmente subutilizados, impulsar la actividad productiva y generar nuevos recursos para las comunidades pampeanas, manteniendo como condición prioritaria la seguridad vial.
