La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) puso en marcha este martes una jornada nacional de protesta con cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país, en rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar el salario social complementario. Se trata de un ingreso de $78.000 que dejará de pagarse a partir del 9 de abril y que alcanza a cientos de miles de trabajadores informales.
Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, la organización busca instalar el conflicto en la agenda pública y cuestionar el rumbo de la política social. Desde el espacio remarcan que la medida impactará directamente en cerca de un millón de personas que dependen de ese ingreso para sostener su actividad cotidiana.
La organización —que agrupa a cartoneros, cooperativistas y trabajadores de comedores comunitarios— sostiene que la eliminación del salario social complementario implica un recorte directo sobre los sectores más vulnerables. En ese sentido, remarcan que no se trata de beneficiarios de asistencia, sino de trabajadores que generan sus propios ingresos en condiciones precarias.
A través de un comunicado, señalaron que el cambio en el esquema de actualización del ingreso, desvinculado del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ya había deteriorado su poder adquisitivo en los últimos meses. Ahora, con su eliminación, advierten que la situación social podría agravarse aún más en los barrios populares.
Un golpe a la economía popular
La organización sostiene que el desenganche del Salario Social Complementario respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil ha «licuado» el poder adquisitivo del sector. Según la UTEP, la gestión actual no solo desfinancia la economía popular, sino que ha provocado la pérdida de 300.000 empleos formales, trabajadores que ahora presionan sobre un sistema de contención inexistente.
«No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el laburo donde ni el Estado ni el mercado supieron qué hacer», remarcaron a través de un comunicado oficial.
El impacto en las economías locales
Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, calificó la disposición de la cartera de Sandra Pettovello como una muestra de «crueldad sin límites». La dirigente advirtió que el recorte no solo afecta a las familias, sino que generará una recesión automática en los comercios de cercanía.
Duarte ejemplificó la situación con el caso de las provincias del norte:
- En Chaco, el recorte implica que dejen de circular $3.510 millones mensuales.
- Se estima una caída del consumo local de entre el 6% y el 10%.
- Esto se traduciría en un aumento de la pobreza regional de hasta 15 puntos.
Desafío al protocolo de seguridad
La movilización de este martes representa un desafío directo al protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad. Desde los movimientos sociales aseguran que la protesta será «masiva» y que los cortes se sentirán con fuerza en los principales ingresos a la Ciudad de Buenos Aires y en los nodos neurálgicos de las capitales provinciales.
Desde la UTEP denuncian que esta maniobra busca «robarle el salario» a más de 900.000 trabajadores para favorecer la especulación financiera, afectando el motor de consumo de los barrios más humildes del país.
