El chantaje estuvo organizado desde una cárcel de Mendoza. Las mujeres despojaron a la víctima de casi 16 millones de pesos tras una maniobra que incluyó perfiles falsos, acusaciones simuladas y documentación judicial apócrifa.
Una organización delictiva dedicada a la extorsión bajo la modalidad de «sextorsión» fue desarticulada tras una minuciosa investigación judicial que vincula a personas privadas de su libertad con una red de apoyo externa. El caso culminó con la detención de tres mujeres en la provincia de Mendoza, acusadas de participar en una maniobra que despojó a un vecino piquense de 60 años de una suma cercana a los 16 millones de pesos.
El calvario de la víctima comenzó en el entorno digital de Facebook, donde entabló contacto con un perfil que simulaba ser una mujer adulta. Lo que inició como una interacción social derivó rápidamente en conversaciones de carácter íntimo, con intercambio de fotografías y promesas de un encuentro presencial. Sin embargo, este escenario de confianza fue el preludio de una trampa perfectamente coordinada para generar terror psicológico y parálisis en el damnificado.
Según detalló el fiscal Matías a Juan El Diario, el giro dramático ocurrió cuando la comunicación pasó de lo íntimo a lo judicial. Repentinamente, el hombre comenzó a recibir mensajes de terceras personas que lo acusaban de haber cometido un delito de gravedad extrema: abuso sexual contra una menor de edad.
Para otorgar veracidad a esta falsa acusación, los estafadores montaron una sofisticada «puesta en escena» judicial. Le enviaron imágenes de documentación apócrifa, expedientes simulados con sellos oficiales, y hasta se comunicaron con él simulando ser funcionarios de la Justicia mendocina y defensores oficiales.
Bajo la amenaza constante de una detención inminente y el desprestigio social que acarrearía una causa de esa índole, la víctima cedió a las demandas económicas. Convencido de que el dinero era la única vía para frenar un proceso penal que, en realidad, nunca existió, el hombre realizó múltiples transferencias bancarias que totalizaron 16 millones de pesos.
Presas
La investigación tecnológica fue clave para desentramar el origen de la maniobra. Los indicios obtenidos permitieron rastrear la señal de las comunicaciones hasta una unidad penitenciaria en la provincia de Mendoza. La hipótesis principal sostiene que los autores materiales, quienes realizaban las llamadas y enviaban los documentos falsos, son internos de dicho penal.
Las mujeres detenidas, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 60 años, habrían actuado como el nexo externo necesario para la logística delictiva. Su rol consistía en aportar sus cuentas bancarias personales para recibir el dinero mal habido y, presumiblemente, administrar los fondos, teniendo pleno conocimiento de su origen ilícito.
El operativo de captura fue contundente. De las cuatro mujeres identificadas, tres ya se encuentran a disposición de la Justicia. Una de ellas fue interceptada en un puesto fronterizo cuando intentaba cruzar hacia Chile, lo que evidencia el riesgo de fuga que rodeaba a la banda. Actualmente, existe una cuarta integrante plenamente identificada que permanece prófuga y cuenta con un pedido de captura nacional e internacional.
La causa ha sido caratulada inicialmente como encubrimiento agravado, aunque la Fiscalía no descarta ampliar la acusación hacia la figura de extorsión, una vez que se logre identificar fehacientemente a los cabecillas que operaban desde el interior de la cárcel.
