La Cámara Alta aprobó los cambios que pretende el Ejecutivo, pese al rechazo de los grupos ambientalistas. Especialistas alertan sobre una “regresión ambiental inconstitucional”.
El Senado le dio media sanción este jueves al proyecto de ley que modifica la Ley de Glaciares, lo cual ha motivado el rechazo de grupos ambientalistas. Aún falta su tratamiento en la Cámara baja para que se convierta o no en ley vigente.
El gobierno de Javier Milei impulsa la modificación, en el marco de las sesiones extraordinarias, con la idea de “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución nacional”.
Pero la modificación podría ser una “regresión ambiental inconstitucional” según los críticos, dado que va en contra del Acuerdo de Escazú al cual adhirió la Argentina y beneficia de forma directa a las empresas de explotación minera.
Debate y negociaciones políticas
En una sesión marcada por intensos debates y negociaciones políticas, el Gobierno nacional logró aprobar modificaciones a la Ley de Glaciares con el acompañamiento de legisladores vinculados a gobernadores peronistas de provincias cordilleranas.
La reforma redefine criterios técnicos vinculados a la delimitación de áreas protegidas y amplía la participación de las provincias en la determinación de zonas aptas para el desarrollo productivo. Desde el oficialismo sostienen que la normativa anterior generaba trabas administrativas y un marco de incertidumbre que dificultaba inversiones estratégicas.
Un debate que atraviesa desarrollo y ambiente
La Ley de Glaciares fue, desde su sanción, una de las normas ambientales más sensibles del país. Su objetivo central es proteger las reservas estratégicas de agua dulce contenidas en glaciares y ambientes periglaciares, considerados recursos clave frente al cambio climático.
Sin embargo, en provincias con fuerte impronta minera, el debate siempre estuvo atravesado por la necesidad de compatibilizar el resguardo ambiental con la generación de empleo, regalías e infraestructura. En ese marco, los gobernadores cordilleranos plantearon la importancia de actualizar criterios técnicos para evitar paralizaciones de proyectos que —afirman— cumplen con estándares ambientales.
Repercusiones y posicionamientos
Mientras cámaras empresarias del sector minero celebraron la decisión como una señal favorable a la inversión y la estabilidad jurídica, organizaciones ambientalistas anticiparon cuestionamientos y posibles presentaciones judiciales. Desde estos espacios advierten que cualquier flexibilización podría poner en riesgo ecosistemas frágiles y reservas hídricas estratégicas.
La votación deja en evidencia una articulación política transversal donde intereses productivos provinciales lograron imponerse en la discusión legislativa, reabriendo un debate que en Argentina nunca termina de cerrarse: cómo equilibrar crecimiento económico y preservación ambiental en territorios de alto valor ecológico.
El impacto concreto de las modificaciones comenzará a medirse en los próximos meses, cuando se definan reglamentaciones y eventuales proyectos que puedan avanzar bajo el nuevo marco normativo.
