Retenciones en baja, jubilaciones en pausa: el costo político del ajuste selectivo

El presidente Javier Milei insiste en que ninguna política pública que aumente derechos es “gratis”, y las recientes decisiones económicas lo confirman. La baja de retenciones al campo, sumada a los aumentos en jubilaciones y bonos aprobados por el Congreso —aunque con veto presidencial anunciado—, representan un costo fiscal significativo que ronda entre el 0,1% y el 0,4% del PBI, según estimaciones de distintos economistas.

Menos ingresos por retenciones, más presión fiscal

La reducción de los derechos de exportación al agro implicaría una caída en la recaudación estatal de entre 0,1% y 0,3% del PBI, según cálculos de Fernando Marull, Matías Surt (Invecq) y Hernán Letcher (CEPA). El objetivo del Gobierno es incentivar la liquidación de divisas en plena cosecha gruesa y en la antesala de las elecciones de octubre.

“Se busca asegurar dólares en momentos donde la dinámica cambiaria se recalentó”, explicó Leo Anzalone, director del Cepec.

Jubilaciones y bonos: impacto en el presupuesto

La ley sancionada por el Congreso —que Milei anticipó vetará— contempla:

  • Aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones
  • Elevación del bono de $70.000 a $110.000

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC):

MedidaCosto fiscal 2024Costo anualizado
Aumento jubilaciones0,2% del PBI0,41% del PBI
Bono de $110.0000,12% del PBI0,38% del PBI

Otras iniciativas con impacto fiscal

  • Moratoria previsional: 0,2% del PBI (Invecq)
  • Emergencia en discapacidad: entre 0,22% y 0,42% del PBI (OPC)

¿Compromete la meta fiscal con el FMI?

Aunque la baja de retenciones implica menos ingresos, no pondría en riesgo el superávit fiscal, según Matías Rajnerman, del Banco Provincia:

“El objetivo del 1,6% de superávit es difícil, pero el 1,3% es alcanzable. Los efectos positivos podrían verse con más fuerza en 2025.”

Alivio para el campo, pero con cautela

Para los productores, la baja de retenciones representa un alivio parcial. Según Néstor Roulet, exsecretario de Agricultura:

  • El sojero que alquila campo (66% del total) pasaría de perder US$ 90 por hectárea a US$ 50
  • El alivio de US$ 40 por hectárea, multiplicado por 17 millones de hectáreas, equivale a US$ 700 millones

Este monto representa:

  • Un 9% de la deuda que Buenos Aires reclama a Nación (US$ 7.700 millones)
  • Casi la totalidad de lo que exigen La Rioja y Santa Fe
  • Más que lo solicitado por Santiago del Estero, La Pampa y Formosa juntas

Conclusión

Las medidas económicas impulsadas por el Gobierno buscan equilibrar incentivos al sector productivo con la necesidad de orden fiscal, pero enfrentan tensiones políticas y sociales. Mientras el agro recibe alivios, el Congreso impulsa aumentos en jubilaciones que el Ejecutivo rechaza. En este contexto, el debate sobre el costo real de ampliar derechos se instala en el centro de la discusión pública.

Fuente: Gonzalo Martínez y Ezequiel Orlando de Perfil