La iniciativa no logró una mayoría absoluta (37) por un voto. La norma impactaba de lleno en la estrategia electoral de Cristina Kirchner.
En una sesión que fue menos tensa de lo que se esperaba en la previa y sorprendió en el último minuto, el Senado rechazó esta noche la ley de Ficha Limpia: la iniciativa obtuvo 36 votos y no llegó a la mayoría absoluta (37). Es que, al rechazo anticipado del kirchnerismo, se sumaron los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
La norma implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner, quien de esta manera continúa con la posibilidad de una postulación nacional, salvo que decida presentarse como candidata provincial en la compulsa bonaerense.
La ley englobaba los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedaban comprendidos en el frustrado mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”.
Este punto fue uno de los criticados en la previa e incluso en el recinto, en cuanto a la falta de delitos que tendría que incorporar una norma de este tipo. Tras un inicio de debate con poco vuelo, con las intervenciones a favor de la peronista disidente Alejandra Vigo -miembro informante como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales-; y en contra, de la cristinista Silvia Sapag -más ocupada en criticar al Poder Judicial-, la radical Mariana Juri bajó el tema tierra.
Por caso, la mendocina aseguró: “Hemos fallado como sociedad para que esta ley sea necesaria. ¿A quién se le podría ocurrir que sea candidato alguien condenado? Y, peor aún, que una agrupación los proponga para sus listas. Qué raro que una sociedad necesite decirles a los políticos que nos excluyamos de un proceso electoral cuando hemos sido condenados”.
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