La Mesa del Agro, que integran entidades ruralistas de la provincia, manifestó su rechazo a la ley de plaguicidas. Este martes, en la reunión del Consejo Consultivo entregaron un duro documento en el cual pidieron directamente su derogación.
Los representantes del agro dijeron que la puesta en marcha de la ley perjudicará a la producción y, además, atenta contra la propiedad privada y «criminaliza» a los productores. Se levantaron en medio de la reunión en forma abrupta y rompieron el diálogo con el gobierno.
Antes de ingresar al encuentro, la ministra de la Producción, Fernanda González, había ratificado que la ley se implementará y que el gobierno está abierto a discutir la reglamentación, pero no a dar marcha atrás. La Cámara de Diputados sancionó el 30 de noviembre del 2020 la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas que, entre otros puntos, establece una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos. La reglamentación se demoró en el tiempo. Ahora el gobierno pretende avanzar.
El conflicto, entonces, quedó planteado de manera frontal durante el encuentro. Es un nuevo frente de batalla para la gestión de Sergio Ziliotto, el gobernador que ya tiene que lidiar con una oposición envalentonada en la Legislatura provincial, y un ajuste brutal de las cuentas provinciales al que lo somete el gobierno de Javier Milei.
Se retiraron de la reunión
Un representante de las asociaciones agrícolas leyó el documento durante el encuentro, del que participó además el Inta, diputados opositores y del PJ, y otros organismos. A los pocos minutos, los representantes ruralistas se levantaron de sus sillas y se retiraron abruptamente, con gestos confrontativos y señalando con el dedo a los funcionarios.
La mesa la integran Carbap, CREA, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina, la Asociación Argentina de Siembra Directa, la Cámara de Propietarios de Máquinas Agrícolas de La Pampa, la Asociación Civil de Profesionales Agropecuarios y la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios.
«Declaramos un firme rechazo a la implementación de la ley 3288 por los graves perjuicios que provocará a la producción agropecuaria pampeana y por sus defectos de origen», señalaron en el documento que leyeron durante la reunión.
En primer lugar, manifestaron que «en su redacción no se tuvo en cuenta el largo y fructuoso trabajo realizado para la actualización de la ley 1173, en la que participaron referentes de entidades públicas y privadas».
Además, plantearon que «durante su tratamiento legislativo, se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, lo que incluyeron serios y fundados argumentos».
«La falta de aporte técnico en su evaluación y tratamiento hace que, al día de hoy, la ley 3288 ya esté desactualizada y contenga serios vacíos ante los avances tecnológicos», reprocharon.
«En segundo lugar, se rechaza también por el tratamiento del borrador de la implementación de la ley 3288 por los siguientes temas: incrementar hasta lo imposible la carga burocrática innecesariamente; atentar contra el derecho de la propiedad privada que está amparado por la Constitución nacional y provincial; criminalizar la actividad agropecuaria; impactar fuertemente en los productores agropecuarios, muy especialmente en los de menor infraestructura agroindustrial», prosiguieron.
«Por todo lo manifestado, las entidades firmantes rechazan el tratamiento de la implementación. Advierten acerca de las serias consecuencias de insistir en su implementación y solicitan la derogación de la ley 3288. Y se compromete, como lo hemos hecho cada vez que se convocó, a trabajar en una nueva ley que cuide la salud, el ambiente y la producción de nuestra querida provincia», cerraron en el mensaje.
Por su parte, la ministra de la Producción, Fernanda González, dijo antes de ingresar a la reunión del Consejo Consultivo, que se juntaban por segunda vez en un mes, porque «este es espacio que tenemos para debatir todo lo que tenga que ver con la ley». De todos modos, aclaró que «es un espacio que no es vinculante, pero para nosotros es de mucha importancia porque en este segundo encuentro tenemos que seguir hablando y trabajando con el decreto reglamentario de la Ley Integral de Plaguicidas».
«Hace un mes tuvimos una reunión. Nosotros habíamos propuesto una semana para poder tener la devolución de lo que le presentábamos del borrador. Todas las entidades nos pidieron postergarlo un mes», mencionó.
La funcionaria indicó que «sabemos que el uso de plaguicidas en la actividad agrícola es muy importante. En eso creo que coincidimos todos. Para la agricultura y también para aquellos cultivos que tienen que ver con la ganadería. Pero también tenemos que buscar un marco para armonizar y poder armonizar esto»,
«El uso de los plaguicidas de acuerdo a su nivel de toxicidad pueden afectar no solo la salud humana, sino la ambiental y sino también la producción. Estamos hablando de malas prácticas, pero también tenemos que armonizar este uso sustentable entre la producción, el ambiente y la salud», subrayó ante los medios capitalinos.
«Es una gran responsabilidad que tenemos todos los que estamos presentes hoy porque le tenemos que dar respuesta a la sociedad que nos está interpelando sobre el uso de plaguicidas en la actividad que pueden afectar a la población. Es un trabajo que nos va a llevar tiempo, que tenemos que articular entre municipios, entre los productores, entre los profesionales, entre los colegios médicos, entre los colegios de agrónomos, facultades», apuntó.
«Nosotros elaboramos un borrador para dar inicio a este debate. Pero hoy la instancia no es modificar la ley, sino que la instancia es ponerla en marcha», resaltó.
