El Colectivo Sanitario salió a respaldar el reclamo público de una vecina de Lonquimay Griselda Alfonzo, quien denunció los efectos en la salud de su hija de 11 años debido a la existencia de un galpón que funciona a su vez como depósito de agroquímicos y estacionamiento de pulverizadoras, frente a su casa y a escasos metros de una escuela.
El Colectivo Sanitario de La Pampa salió a exigir que dejen de producirse daños a la salud de las personas y al ambiente en la zona de Lonquimay donde hay un depósito ilegal de agrotóxicos, tras la denuncia de una vecina.
La agrupación reclamó que las autoridades y los involucrados directos “tomen conciencia de que son responsables del dolor, de la aparición de enfermedades terminales y de la muerte de sus comprovincianos”. También reclamaron la intervención concreta del Poder Judicial, para que “se coloque a la altura de su investidura”.
El caso fue reflejado el pasado fin de semana en varios medios de la provincia, a partir de una mujer de Lonquimay que denunció los padecimientos de su hija a raíz de un depósito sin autorización.
El Colectivo salió a respaldar a la denuncia pública de Griselda Alfonzo.
“La mujer da testimonio de su desesperación por los efectos en la salud de su hija de 11 años debido a la existencia de un galpón que funciona a su vez como depósito de agroquímicos y estacionamiento de pulverizadoras frente a su casa y a escasos metros de una escuela”, señaló.
“Después de haber acudido a la Justicia Federal y luego a la Justicia Provincial sin obtener una respuesta acorde a su pedido, sólo cuenta con sendas disposiciones dictaminadas por la Subsecretaría de Ambiente y la de Asuntos Agrarios en noviembre de 2018 donde se prohíbe el tránsito y depósito de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos en las localidades de La Pampa», explicaron en un comunicado.
“Estas disposiciones exigen a los propietarios de estos espacios, en este caso el exconcejal de Lonquimay Eduardo Carnicelli, a mudarlo del radio urbano en el término de seis meses a partir de su sanción”, añade.
“Este breve relato de la crónica tiene por finalidad poner en consideración del lector el significado de la justicia, no la Justicia en el sentido institucional, sino la justicia en el sentido humano, la que surge desde nuestra sensibilidad, de sentir que el sarpullido que brota de la piel de la hija de Griselda y las afecciones bronquiales que padecen los vecinos de ese barrio por exposición a esos venenos pueden ser las nuestras o las de nuestros hijos”, destaca el documento.
El Colectivo Sanitario se pregunta: “¿Es que se puede pensar en una comunidad pacificada cuando los dueños de estos depósitos persisten en mantener sus instalaciones envenenando a sabiendas a sus vecinos?”
Desde el Colectivo Sanitario exigen entonces “a todos los responsables directos, que por su accionar con productos tóxicos provocan daños en la salud de la gente y del ambiente, que dejen de hacerlo y que tomen conciencia de que son responsables del dolor, de la aparición enfermedades terminales y de la muerte de sus comprovincianos.
Y a la Justicia institucional, que se coloque a la altura de su investidura, considerando que detrás de cada una de sus determinaciones puede haber gente que continua con sus padecimientos, como el caso de la familia de Griselda Alfonzo”. “Por la paz de nuestro pueblo”, pide finalmente.
El testimonio
Recordemos que días atrás, a través de FM Fusión, se conoció el relato de esta familia de Lonquimay que hizo público un desesperado pedido.
“Somos una Familia de Lonquimay que estamos afectados por fumigadoras y agrotóxicos, es un galpón que tenemos frente a nuestro hogar, en pleno barrio y al lado de la Escuela 35, como también un depósito en zona céntrica del pueblo de bidones agrotóxicos”, destacó la vecina.
“ La persona tiene 6 meses para sacar todo esto pero en la situación que hoy se encuentra mi hija, necesitamos que se saquen ya”, reclamó.
“ La justicia me cerró la causa, según ellos por falta de pruebas los cuales ni nos acompañaron o incentivaron a uno a realizar las pruebas, hoy por hoy tengo todos los estudios que según ellos necesitaban como también testigos y así mismo me cerraron la causa, pero voy a iniciar un juicio en lo Civil por el daño que le están ocasionando a nuestra hija”, resaltó Griselda Alfonzo.
La vecina de Lonquimay contó: “ La denuncia fue hecha en la comisaría local, lo cual se informó fiscalía, también fuimos a las oficinas de Protección de Niñez y Adolescencia y solo se logró poner una cabina bromatológica, la cual no cumple su función como es debido por parte del Municipio y no brindan ninguna información o dan respuesta”.
«Más allá de lo que los médicos me digan, este de pósito de agroquímicos no está permitido por ley y esto ya hace 6 años que está pasando y no se cumple como la Ley manda”, expresó la mujer.
“ Esta persona realizó esta actividad que está prohibida por ley y totalmente en negro, siendo Concejal del pueblo, sabiendo con conciencia lo que está mal. La fiscalía nos cerró la causa y nos desampara ante esta situación, pero no sólo a nosotros, sino a todo un pueblo”, relató la vecina.
“ Mi nena tiene 11 años y esta lucha se desató cerca de los 5 añitos, hay más vecinos afectados como niños de problemas bronquiales, pero bueno por alguna razón, ellos no quieren atestiguar«, señaló Griselda quien es una de las denunciantes.
La vecina recordó que el año pasado el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en las disposiciones conjuntas N°1/18 y 2/18, dispusieron “prohibir el ingreso, guarda y/o depósito de equipos y máquinas en uso, que se emplean para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de agroquímicos a las ciudades y comisiones de fomento” de La Pampa.
“Pero Lonquimay se ve que es de otra provincia porque acá le dejan seguir envenenando durante seis meses más a una persona que no tiene ninguna autorización para hacer ese trabajo, limpian las máquinas con pesticidas a metros de las escuelas, al lado de cada establecimiento educativo hay un depósito de estos venenos y las autoridades del pueblo y de provincia están siendo cómplices de esta situación”, aseguró.
“Nuestra hija y nosotros tenemos el derecho de vivir sin ser envenenados por este Señor que se ve que tiene mucho peso en la política porque ni desde el Municipio ni desde el Gobierno de la Provincia hacen nada para que podamos vivir sin enfermarnos”, concluyó.
