Tras la media sanción en la Cámara baja, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado.
La norma establece bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina.La aprobación se logró tras arduas negociaciones entre oficialismo y sectores de la oposición, en un proceso que, según destacó la diputada Laura Rodríguez Machado, involucró “más de veinte proyectos analizados y el aporte de más de treinta especialistas”. El texto final incorpora una partida presupuestaria de $23.739 millones para su implementación y excluye cualquier convivencia entre menores y adultos en los centros de detención.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el 26 de febrero.
La propuesta impulsada por el oficialismo plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.
Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.
La iniciativa, que recibió 135 votos afirmativos, 100 negativos y 13 abstenciones, generó un debate polarizado tanto en el recinto como en la opinión pública. La votación mostró el alineamiento del La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques, frente a un peronismo unido en el rechazo y a posturas divididas en temas específicos.
El proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por Patricia Bullrich, introduce medidas que van desde la baja de la edad de punibilidad hasta la creación de institutos especiales para menores condenados, el establecimiento de penas alternativas y la incorporación de derechos explícitos para las víctimas en el proceso penal juvenil.
La sesión estuvo marcada por fuertes cruces, demandas de mayor integralidad en el abordaje de la problemática y la presencia de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, quienes reclamaron respuestas concretas del Estado.
Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo, pero fue rechazado por el oficialismo, que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.
El oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
