El proyecto de Aportes Solidario obligatorio sigue aún sin definiciones. Con la postura de los diputados opositores para que vuelva a comisión, todavía no se sabe si esta semana habrá sesión o todo se pateará para la semana que viene.
Ayer, los legisladores opositores esperan una señal por parte del oficialismo. Sin embargo, a la Legislatura no fue nadie. Ni siquiera la vicegobernadora Alicia Mayoral, que acompañó al gobernador Sergio Ziliotto a un acto en General Pico.
Sucede que el receso en Diputados rige en realidad hasta mañana miércoles. Recién ese día empezarían a convocarse las comisiones.
En la previa de las vacaciones de invierno, la presidenta del bloque de diputados del PRO, María Laura Trapaglia, había dejado en claro que la oposición legislativa seguirá bloqueando el proyecto con la herramienta de no dar quórum.
Los bloques opositores se resisten a abandonar esa estrategia y se defienden del reproche del oficialismo de que no trabajan porque no se sientan en las bancas.
«Nosotros hemos planteado lo de esta ley, que es una ley especial, por lo cual debe tener una mayoría más uno, debe tener la mitad más uno para poder ser aprobada. Si no, estamos violando la Constitución de la Provincia, por la cual uno juró. Y también estamos haciendo un acto ilegal», dijo Trapaglia.
«Y esa fue la razón por la cual nosotros no dimos quórum. No es porque, como dice el oficialismo, no queremos trabajar, sino que queremos que se respete la Constitución», justificó su postura la legisladora macrista.
«Lo que nosotros planteamos antes de la sesión, durante el plenario y durante reuniones que hemos mantenido los tres, el presidente del bloque con el presidente del oficialismo, fue que se reservara en secretaría y pasara nuevamente a comisión para poder hacer una redacción que sea una ley que respete la Constitución, en la cual podamos estar todos tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien y que es para lo que los ciudadanos nos han votado», insistió.
Mayorías
El proyecto del aporte solidario se iba a votar en la sesión del pasado jueves 27 de junio. El oficialismo estaba decidido a avanzar la intención de aprobar el proyecto del aporte solidario obligatorio. Pero la oposición rechazó la iniciativa, abrazada a un dictamen propio, además de plantear que es una ley especial que necesita una mayoría especial.
Como el peronismo considera que es una ley que solo requiere una mayoría simple, y podría imponerla con el voto de desempate de la vicegobernadora Alicia Mayoral, finalmente los bloques opositores decidieron apelar a la herramienta de no dar quórum.
La posibilidad de desempatar de la vicegobernadora Alicia Mayoral, una vez más, iba a ser clave para destrabar la paridad de fuerzas. El oficialismo tiene 15 bancas y la oposición (con la UCR, el PRO-MID y Comunidad Organizada) otras 15. Sin embargo, la estrategia opositora la dejó sin esa chance.
Ya pasaron seis meses después de que el gobernador Sergio Ziliotto envió el proyecto. La creación de un fondo solidario de emergencia tiene como objetivo atender la demanda alimentaria de las familias pampeanas ante la crisis económica y social.
El oficialismo impulsa un dictamen en el que introdujo algunos cambios a la idea original –incluyó al Casino entre los aportantes, por ejemplo-, mientras que la oposición presentó uno alternativo, en el cual deja afuera de los aportantes a los bancos y a los propietarios de inmuebles y autos lujosos, básicamente.
Seis meses
La iniciativa impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto y oficialismo en la legislatura impone aportes –por seis meses- de los bancos y las financieras, del Casino Club, de funcionarios (de los tres poderes) de altos ingresos y grandes contribuyentes, con la finalidad de recaudar una suma de $17.500 millones para sostener programas alimentarios ante la crisis.
El dictamen oficialista acordó que se incluya al Casino Club como aportante y sobre el aporte de funcionarios de los tres poderes del Estado, dijo que «deben aportar un 20% (del salario), quienes perciban salarios por encima de $1.500.000». También un aporte en el impuesto a los vehículos de más de 40 millones de pesos, y el inmobiliario de más de 50 millones de pesos (una vivienda o hasta cinco que sumen ese valor fiscal).
Desde el Poder Judicial emitieron algunas declaraciones, según consignó El Diario. El mismísimo presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa, dejó abierta la posibilidad de una judicialización con el argumento de la «intangibilidad» del salario de los magistrados.
