El Gobierno finalmente promulgó la ley de financiamiento universitario, que insta a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial. Lo hizo a través del Boletín Oficial, ayer, el último día que quedaba del plazo para hacerlo. Pero, al igual que sucedió con la ley de discapacidad, su aplicación quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.
¿Qué argumentan? Que la medida “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.
Ante esto, los rectores de las universidades públicas nacionales y los sindicatos docentes preparan una presentación judicial conjunta para pedir el inmediato cumplimiento de la ley. La oposición, en tanto, condiciona el debate del Presupuesto a que Milei destine los fondos para las leyes aprobadas.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirá este miércoles, a las 13, en un plenario extraordinario de rectores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para definir la estrategia. “Seguramente podremos acordar hacer una acción jurídica entre todas las universidades en conjunto. Entendemos que tendrá que definir el Poder Judicial la aplicabilidad o no de la ley, y seguimos planteando la necesidad del presupuesto 2026”, adelantó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, al diario La Nación.
“Solo debían cumplir la ley. Y optaron por no hacerlo. Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar con normalidad es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo que niega con artilugios lo que la ley dispone. Y es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en este caso que, como con discapacidad y emergencia pediátrica, refiere a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política. Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para encontrar una respuesta. En consecuencia, corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, consideró, Franco Bartolacci, vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Rosario.
La ley busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. También contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de la sanción de la ley y obliga al Gobierno a convocar a paritarias.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación implicaría un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalentes a 0,23% del PBI. El año pasado, Milei ya había vetado una iniciativa similar y esa vez el Congreso no la ratificó.
Al presentar el presupuesto, entre los temas sensibles que enumeró el presidente estuvo el de las universidades. Milei dijo que el proyecto le asigna $4,8 billones. Omitió que es apenas un aumento que ronda el 14% en términos nominales con respecto al presupuesto previsto para 2025, cercano a los $4,2 billones.
Asumiendo las proyecciones macroeconómicas que figuran en el proyecto de presupuesto 2026 -una inflación de 24,5% para 2025 y de 10,1% para 2026- los fondos universitarios se mantienen prácticamente sin modificaciones para el próximo año.
Según cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) implicaría un aumento real de 0,8%, pero acumula un descenso del 32% en el último año. Queda a su vez muy lejos de los $7,3 billones necesarios que habían pedido los rectores para poder funcionar. La reducción del gasto destinado a universidades explica un 5% de la caída general entre 2023 y 2026, según ACIJ.
