La fiscalía de Lomas de Zamora pidió detener al sindicalista Pablo Moyano, secretario general del sindicato de Camioneros, por integrar una asociación ilícita junto con barrabravas y dirigentes de Independiente. Hugo Moyano también aparece como imputado.
El pedido de detención fue presentado por el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, y quien debe decidir sobre su futuro es el juez de Garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio.
En la noche del viernes, el abogado de Moyano Daniel Llermanos dijo a LA NACION que se enteró por comentarios de tribunales sobre el pedido de detención de Moyano y lo relacionó con la presión del Gobierno para verlo preso.
«El juez no se va a doblegar, rechazará el pedido. Es un hombre honesto y creo que preferiría renunciar antes que detener a un hombre sin pruebas», dijo Llermanos.
La Justicia de Lomas de Zamora imputó a Hugo y Pablo Moyano, presidente y vicepresidente de Independiente respectivamente, en esta causa por la que ya fueron detenidos exdirigente de la entidad: Noray Nakis y el jefe de la barra brava, Pablo «Bebote» Álvarez. Ambos están procesados con prisión preventiva junto a Alejandro «el Polaco» Petrov, excustodio de Pablo Moyano.
Hay otros siete sospechosos como presuntos miembros de una asociación ilícita que extorsionó a jugadores y directores técnicos del club.
En paralelo, hay un caso federal a raíz de las declaraciones como arrepentido del barra Pablo Álvarez, alias Bebote, que investiga una supuesta asociación ilícita en el club. Desde la cárcel, Álvarez acusó a Moyano de ser el responsable de las maniobras.
Moyano está acusado de haber montado una estructura destinada a cometer delitos y lavado de dinero de las formas más variadas.
En la causa por el manejo de Independiente, deberá investigarse la supuesta contratación de los servicios de la empresa de turismo Martín Tur sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior. Además de presuntas extorsiones a empresas para terminar obras del club y el posterior blanqueo de dinero por intermedio de las firmas vinculadas con la cónyuge de Hugo Moyano.
También, el uso de la financiera Global Finanzas SA, donde fue dirigido el dinero obtenido de la reventa ilegal de entradas y de los pases de los jugadores.
