El Gobierno nacional publicó el decreto reglamentario de la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que desde el oficialismo definen como “el blanqueo popular permanente más grande de la historia”, y que busca incentivar la incorporación de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero formal.
La reglamentación llega a más de un mes de que el Senado convirtiera el proyecto en ley y tras las diferencias públicas entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los bancos privados respecto de su implementación. En los próximos días, además, se esperan normativas complementarias por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según estimaciones oficiales, los argentinos mantienen fuera del sistema financiero alrededor de USD 170 mil millones, una cifra que el Gobierno considera clave para reactivar la actividad económica en la actual etapa del programa económico.
Cómo se podrán usar los “dólares del colchón”
Uno de los puntos centrales de la reglamentación es la forma en que podrán utilizarse esos ahorros. Para hacerlo, será obligatorio bancarizarlos, ya sea en el origen o en el destino de la operación. En la práctica, los contribuyentes tendrán dos alternativas: depositar los dólares en una cuenta bancaria propia y luego transferirlos, o realizar directamente una transferencia a un tercero.
Desde ARCA explicaron que esta exigencia responde a las recomendaciones del GAFI y del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que la bancarización permite la trazabilidad del dinero, facilita el control contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y a la vez impulsa la circulación financiera y el crédito.
El ministro Caputo sostuvo recientemente que la Ley de Inocencia Fiscal es un “atajo enorme” para acelerar la recuperación económica. “Si una parte significativa de esos dólares ingresara al sistema financiero, los problemas de la Argentina se solucionarían”, afirmó en declaraciones radiales.
Régimen Simplificado de Ganancias (RSG)
El decreto también aclaró aspectos clave del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), al que podrán adherir los contribuyentes que cumplan con tres requisitos: ingresos menores a $1.000 millones anuales, patrimonio inferior a $10.000 millones y no estar categorizados como grandes contribuyentes.
La reglamentación especifica que, para calcular los ingresos, se deberán considerar únicamente los ingresos propios, ya sean gravados, no gravados o exentos, excluyendo aquellos que se perciban como intermediario.
Entre los beneficios del RSG se destacan la presunción de exactitud de las declaraciones y el efecto liberatorio del pago, además de precisiones sobre qué se considera una discrepancia significativa, otorgando mayor seguridad jurídica y operativa a los contribuyentes.
En el caso de los monotributistas, desde ARCA señalaron que deberán inscribirse en el RSG para poder utilizar los dólares no declarados. De no hacerlo, quedarán expuestos a fiscalizaciones, por lo que deberán evaluar si les conviene adherir al régimen o asumir el riesgo de una investigación.
Cambios en umbrales penales y multas
Otro aspecto relevante de la reglamentación es la actualización de los umbrales de punibilidad. Para el delito de evasión simple, el monto pasó de $1,5 millones a $100 millones. El decreto establece que las causas iniciadas antes de su publicación podrán solicitar la aplicación de la ley penal más benigna, mientras que hacia adelante el nuevo umbral se aplicará según la fecha de comisión del delito y se actualizará anualmente.
En cuanto a las multas automáticas, que habían generado preocupación por su impacto en pymes, desde el organismo recaudador aclararon que no se automatizarán las intimaciones para contribuyentes de menor relevancia. En su lugar, se enviarán recordatorios y se otorgarán plazos adicionales para la regularización voluntaria antes de iniciar sumarios sancionatorios.
La implementación definitiva del régimen también dependerá de la respuesta del sistema financiero y de eventuales precisiones de la Unidad de Información Financiera (UIF), que atraviesa un proceso de recambio de autoridades.
