Otro capítulo se dio en las últimas horas en la investigación que la justicia pampeana venía impulsando por una presunta estafa a una empresa de Rancul. Ahora el consignatario a quien semanas atrás le secuestraron 1060 vacunos, los pudo recuperar y volvieron a su feedlot.
“Se hizo justicia”, sostuvo Carlos Lanser, consignatario y productor cordobés dueño de un feedlot, al cual hace tan solo dos semanas, la policía le había confiscado 1.000 cabezas de ganado vacuno de su campo por orden judicial por ser parte de una presunta estafa, pero que hoy los está recuperando por disposición de la Justicia.
Según indicó el mismo Lanser en declaraciones a LV6 Radio Río Cuarto y al portal Valor Agregado Agro, en estos mismos momentos se están subiendo a los camiones los animales secuestrados de su feedlot en Chaján, al sur de Córdoba, los cuales fueron enviados a un campo en Fortuna, San Luis.
“Gracias a Dios la justicia se ha portado muy bien. Yo creo que lo ha resuelto en tiempo récord y bueno, está volviendo la hacienda a los campos de Chaján”, dijo Lanser, quien aseguró que ya no forma parte de la causa judicial.
El ahora damnificado no dio más detalles al respecto, ya que aseguró que hay un acuerdo de “confidencialidad” con las autoridades.
Por otro lado, Lanser indicó al portal Valor Agregado Agro que la vuelta atrás de la Justicia se dio porque el secuestro de la hacienda se había llevado a cabo de manera “desprolija y errónea”.
Hace menos de dos semanas, la policía de Córdoba realizó una serie de allanamientos en su feedlot “Carlos Tercero” de la zona de Chaján, en donde confiscaron 1.060 cabezas vacunas valuadas en $2.000 millones, bajo la acusación de que habrían sido obtenidas a partir de una “estafa” a una empresa pampeana.
La medida se llevó a cabo a partir de un exhorto firmado por el juez de Control pampeano Diego Ambrogetti, a pedido del fiscal adjunto del Ministerio Público Fiscal, Matías Juan, y de una orden de allanamiento dictada por el juez de Control y Faltas de Río Cuarto, Diego Ortiz.
La investigación comenzó en mayo del año pasado a partir de una denuncia de la empresa pampeana San Jorge Cereales y Hacienda, ubicada en Rancul, la cual afirma haber sido estafada por $800 millones en la compra de de 1.133 animales por parte de la firma San Pablo Oeste SA, de Iván Fiorini y Ana Paula Courreges – imputados en la causa -, y que los mismos fueron pagados con cheques sin fondos.
Al momento de llevarse a cabo los allanamientos, Lanser aseguró que “fue un procedimiento totalmente inconstitucional e improcedente, con violación de la propiedad privada, porque no se constató marca, señal, caravana ni nada de la hacienda. Fueron y arrasaron con 1.000 animales”, al mismo tiempo que negó ser parte del supuesto entramado delictivo.
