La ley rige desde el miércoles y prevé multas y tareas comunitarias.
Desde este miércoles, la provincia de Mendoza comienza a sancionar a los padres, tutores o responsbles legales de niños, niñas y adolescentes que ejerzan acoso escolary cuyos adultos a cargo no adopten medidas para prevenirlo o repararlo.
La normativa fue establecida por la ley N° 9.682, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y aprobada por la Legislatura provincial el pasado 19 de noviembre.
Según el artículo 100 bis, los adultos responsables podrán ser sancionados cuando, tras ser notificados por la escuela sobre conductas de bullying, incumplan la adopción de medidas para “evitar la reiteración o reparar el daño”.
De acuerdo con la gravedad del caso, la ley también prevé la realización de tareas educativas o comunitarias por un plazo de hasta 30 días.
Destino de los fondos y excepciones
El texto establece que el dinero recaudado por las multas será destinado al Fondo Provincial creado por la Ley N° 9.545, orientado a la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas (DGE) y a Bibliotecas Populares.
Quedarán eximidos de responsabilidad los padres que estén privados o suspendidos de la responsabilidad parental, quienes tengan el cuidado personal unilateral en el otro progenitor y aquellos alcanzados por medidas judiciales que les impidan intervenir en la crianza.
La ley fija una primera etapa de actuación a cargo de la escuela, con acompañamiento de equipos interdisciplinarios.
Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, intervendrá el Juzgado Contravencional.
El proyecto fue presentado originalmente por el Poder Ejecutivo provincial a través de la Dirección General de Escuelas.
Un contexto de hechos graves
La sanción de la norma se da tras una serie de episodios de violencia escolar en Mendoza. Uno de los más resonantes ocurrió el 10 de septiembre, cuando una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma y efectuó disparos dentro de una escuela.
En junio, además, un fallo inédito condenó a la DGE a pagar una indemnización de $ 4.5 millones a la familia de una niña de 11 años víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz.
La nueva ley busca reforzar la prevención y la responsabilidad frente al acoso escolar, en un escenario que ya tuvo impacto judicial y social en la provincia.
Fuente La Voz
