Se cumplió un año del amparo presentado por la Asamblea por los Ríos Pampeanos para que se frene el proyecto de construcción de la represa Portezuelo del Viento.
La Asamblea por los Ríos Pampeanos le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el “pronto despacho” al amparo ambiental que presentó el año pasado contra la construcción de la represa Portezuelo del Viento.
En las últimas semanas, Mendoza y Nación han avanzado en acuerdos para hacer el llamado a licitación en el mes de septiembre de la presa que pretenden construir sobre el río Grande y que afectará el caudal del río Colorado.
Hace un año, la asamblea pidió una medida cautelar para frenar la licitación de la obra y reclamó la ampliación de los estudios de impacto ambiental.
Representantes de la asamblea, entre otros el Consejo de Lonkos de La Pampa encabezado por Pedro Coria y de comunidades originarias de General Acha y Puelén, hicieron la presentación en la Corte.
En el escrito reclamaron que Nación y Mendoza, y también el Comité de Cuenca del río Colorado (COIRCO), se abstengan de “llevar adelante cualquier acción u obra sobre la cuenca del río Colorado y sus afluentes, que implique una alteración de la cantidad o calidad del agua que debe llegar a las diferentes provincias, sin la previa conformidad de los integrantes de la cuenca y como derivación razonada de los estudios y audiencias a realizarse”.
Plantearon la necesidad de que la Justicia establezca formas de control y medidas “efectivas” correctivas en las etapas de la obra, del llenado y la posterior operación multipropósito.
Pidieron también que se declare el “incumplimiento” de los demandados por la falta de estudios integrales, actualizados, acumulados y suficientes de evaluación e impacto ambiental debidamente actualizados y con escenarios alternativos posibles atento el cambio de condiciones que nutrieron los informes iniciales de múltiple origen.
Solicitaron declarar “insuficiente” la audiencia pública realizada en Malargüe y que se hagan nuevos encuentros para tratar la construcción de la presa, considerando también a las comunidades indígenas de Buenos Aires, Mendoza y La Pampa, indicó El Diario.
La obra fue aprobada por mayoría en el Consejo Ejecutivo del COIRCO y también por el conjunto de los gobernadores, con la oposición del pampeano Carlos Verna, que presentó el pedido de laudo presidencial que benefició la postura de la provincia de Mendoza.
Ante el favoritismo político del presidente Mauricio Macri con Mendoza y la enemistad con La Pampa, el Gobierno Provincial presentó un recurso ante la Corte Suprema para pedir la nulidad de la decisión y recusó al mandatario.
A fines de julio, el presidente Macri, por decreto, estableció que Mendoza recibirá 1023 millones de dólares para la realización de la represa. En septiembre de 2019 está previsto hacer el llamado a licitación.
Desde el Gobierno Provincial recordaron que La Pampa pidió un laudo en el marco del COIRCO que aún no se resolvió y lo mismo con el estudio de impacto ambiental, que no fue presentado.
La Pampa anunció que hará otra presentación en la Corte Suprema por el decreto de Macri que le entrega el dinero a Mendoza para la construcción de la represa.
